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e. Adoptar las medidas necesarias para que quienes trabajan en medios de comunicación y
debieron desplazarse o exiliarse por estar en una situación de riesgo puedan regresar a sus
hogares en condiciones de seguridad. Cuando no fuese posible que estas personas regresen,
los Estados deben adoptar medidas para que puedan permanecer en el lugar que elijan en
condiciones dignas, con medidas de seguridad y con el apoyo económico necesario para
conservar su trabajo y la vida familiar.
f. Adoptar medidas específicas, adecuadas y efectivas para prevenir los ataques y otras formas
de violencia perpetrados contra mujeres periodistas y para enjuiciar y castigar a sus
responsables. El Estado debe adoptar medidas eficaces para promover la denuncia de la
violencia contra mujeres periodistas y para luchar contra la impunidad que caracteriza a
estos crímenes.
B. Protesta Social
5. La Relatoría Especial observó con preocupación la forma en que algunas autoridades
estatales reaccionaron frente a las protestas sociales ocurridas en las Américas en el año 2014. En particular,
se recibió información sobre decenas de detenciones, amenazas y agresiones que habrían sido cometidas
contra periodistas, comunicadores, manifestantes y usuarios de redes sociales que reportaban sobre
manifestaciones.
6. En sentido similar, la Relatoría Especial observa que resulta necesario que los Estados
diseñen marcos regulatorios que respeten el ejercicio de la protesta social. Los Estados no deben dejar de
tomar en cuenta que cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente
a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública puede
convertirse en el único medio que realmente permite que sectores discriminados o marginados del debate
público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado.
7. En este sentido, recomienda a los Estados miembros
a. Adoptar medidas especiales para proteger a los y las periodistas que cubren situaciones de
conflicto armado y alta conflictividad social y garantizar que no sean detenidos, amenazados,
agredidos, ni sus derechos limitados en cualquier forma por estar ejerciendo su profesión;
que su material y herramientas de trabajo no sean destruidos ni confiscados por las
autoridades públicas, de conformidad con lo expreso en este informe y; la elaboración de
protocolos especiales para proteger a la prensa en circunstancias de conflictividad social.
b. Asegurar la protección de las personas y abstenerse de estigmatizar o estereotipar a los
manifestantes y sus reivindicaciones, evitando hacer generalizaciones con base al
comportamiento de grupos particulares o hechos aislados. Si las fuerzas de seguridad deben
actuar en una manifestación, deberán utilizar las medidas más seguras y menos lesivas de
los derechos de las personas.
c. Establecer regulaciones claras que garanticen el ejercicio legítimo de la protesta social y que
impidan la aplicación de restricciones desproporcionadas que puedan ser utilizadas para
inhibir o reprimir expresiones críticas o disidentes.
C. Criminalización de la expresión y proporcionalidad de responsabilidades ulteriores
8. En algunos Estados miembros se registraron denuncias penales presentadas por
funcionarios estatales por la publicación de opiniones o informaciones relacionadas con cuestiones de interés
público. Es cierto que en varios de los casos estudiados, los procesos penales habrían sido finalmente
desestimados. Empero, en otros, los jueces condenaron penalmente a los periodistas. La Relatoría Especial ha
constatado la existencia de normas penales que continúan sin adecuarse a los estándares interamericanos en
materia de protección a la libertad de expresión al sancionar el discurso sobre funcionarios público o asuntos
de interés público, así como de otras figuras penales que permiten la imposición de medidas
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