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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Al igual que en anteriores oportunidades, la Relatoría Especial culmina su Informe anual con
un capítulo de conclusiones y recomendaciones. El objetivo de esta práctica es entablar un diálogo fluido con
los Estados miembros que permita convertir a las Américas en un ejemplo en materia de respeto, garantía y
promoción del derecho a la libertad de expresión.
A. Violencia contra periodistas y medios de comunicación
2. Según la información recibida por la Relatoría Especial, al menos 25 personas, la mayor
parte de ellas periodistas, habrían sido asesinadas en la región, y varias más habrían sido desaparecidas o
desplazadas de sus lugares de trabajo, por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su
derecho a la libertad de expresión. A estos lamentables hechos se sumaron decenas de denuncias sobre actos
de violencia, agresión, amenaza e intimidación contra comunicadores y medios presuntamente vinculados
con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
3. Es importante resaltar que, durante 2014, se produjeron también avances en la
investigación, procesamiento y sanción de los responsables de algunos de los crímenes cometidos contra
periodistas en años previos. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la mayoría de estos delitos permanece en
situación de preocupante impunidad.
4. En relación con este punto, al igual que en años anteriores, la Relatoría Especial recomienda
a los Estados miembros:
a. Adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los
comunicadores, incluida la condena pública a todo acto de agresión, omitiendo cualquier
declaración que pueda elevar el riesgo para los y las periodistas, el respeto del derecho de
los y las periodistas a la reserva de las fuentes de información; el entrenamiento y
capacitación a los funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad
y, si fuere necesario, la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la
libertad de expresión, la determinación de sanciones adecuadas de manera proporcionada al
daño cometido; así como la elaboración de estadísticas precisas sobre la violencia contra
periodistas.
b. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes se encuentran
sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ya
sea que las amenazas provengan de agentes del Estado o de particulares. Las medidas o
programas de protección deben resultar adecuadas y suficientes para cumplir su propósito,
de conformidad con lo expresado en ese informe.
c. Realizar investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones,
amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores y
trabajadoras de los medios de comunicación, de conformidad con lo expresado en este
informe. Esto supone la existencia de unidades y protocolos de investigación especiales, así
como la identificación y el agotamiento de todas las hipótesis criminales posibles que
vinculen la agresión con el ejercicio profesional de la víctima.
d. Juzgar por tribunales imparciales e independientes a todos los responsables de los
asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación por causa del ejercicio de la
libertad de expresión, remover los obstáculos legales a la investigación y sanción de dichos
delitos, asegurar a las víctimas y sus familiares una participación lo más amplia posible en la
investigación y procesos judiciales, así como una reparación adecuada, y eliminar las
barreras de género que obstaculizan el acceso a la justicia.
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