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86. El resto de los diseños estudiados deben ser analizados de manera particular. Brasil delegó
las funciones de implementación y control del cumplimiento de la normativa en un organismo pre-existente
con potestades suficientes, independencia del Poder Ejecutivo y alcance federal. En caso de controversia la
normativa de acceso a la información estableció un complejo mecanismo que requiere de la previa
presentación de un recurso de revisión ante el mismo sujeto obligado, para luego poder acudir ante su
superior jerárquico. En caso de que el superior niegue el acceso, el solicitante podrá apelar la decisión ante la
máxima autoridad del organismo o entidad. Posteriormente, el solicitante podrá acudir ante la Contraloría
General de la Unión [Controladoria-Geral da União] y en caso de que ésta niegue el acceso a la información
podrá acudir a la Comisión Mixta de Revaluación de Información.
87. Un caso similar es el de Colombia, que por ley atribuyó la implementación sobre acceso a la
información pública al Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, un órgano preexistente
y con potestad de sancionar a los funcionarios públicos y dentro de la cual se estableció un Grupo de
Trabajo para la aplicación de la ley de acceso a la información. No obstante, cuando se susciten controversias
entre las personas que requieran una información y los sujetos obligados a divulgarlas, los solicitantes
deberán acudir a la vía judicial para buscar la protección de su derecho.
88. Frente a la situación relevada en este informe, los países de la región deben continuar
avanzando en su obligación de implementar una cultura de la transparencia y garantizar el derecho de acceso
a la información. Para ello es fundamental persistir en la construcción de entidades de supervisión robustas y
con poder suficiente para darle vida y sentido a los mandatos de transparencia de las respectivas leyes de
acceso a la información y adaptar la jurisprudencia internacional a las prácticas estatales.
89. La Relatoría Especial reitera la importancia de que entidades responsables de defender el
derecho a la información, cuenten con un presupuesto y una dotación de recursos humanos que les permitan
cumplir con la importante misión asignada. Sin recursos y sin personal, resulta muy complejo cumplir con
todas las funciones que se le asignan a estos organismo como por ejemplo, difundir la normativa, ejercer el
control frente al resto de la organización estatal y resolver los recursos de apelación con la celeridad
necesaria para garantizar de manera idónea el derecho de acceso a la información.
90. La Relatoría Especial espera que este informe pueda servir a los Estados y a la sociedad civil
para conocer los marcos jurídicos y las prácticas institucionales desarrolladas en la región para construir
organismos de supervisión que garanticen la protección y defensa del derecho a la información, capaces de
implementar políticas sistemáticas de transparencia y de resolver las controversias que surgen entre los
ciudadanos y los organismos estatales por el acceso a la información de interés público. En este sentido, este
informe espera ser de utilidad para ajustar los marcos jurídicos a los más altos estándares en la materia y
servir de inspiración a aquellos Estados que aún no han adoptado leyes para defender el derecho de acceso a
la información.
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