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Bajo esta perspectiva se ha clasificado a las Instituciones Obligadas, según su interés o compromiso en cumplir la LTAIP” 2297 . 74. En la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay se realizó una auditoría externa que aplicó una matriz especialmente diseñada por la Unidad para la verificación periódica del grado de avance de los sujetos obligados en el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Acceso. Con dicha matriz, la Unidad realizará las auditorías de manera periódica 2298 . El Decreto 484/2009 2299 dictado por el Poder Ejecutivo estableció que todos los sujetos obligados tienen el deber de realizar autoevaluaciones para informar sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. G. Mecanismos de seguimiento estadístico centralizado 75. En México, el IFAI-OA realiza y publica estadísticas sobre distintos temas, que en gran parte son reproducidas en el informe anual que presenta el organismo. Entre los temas relevados se encuentran: las 20 entidades con mayor número de solicitudes de información; las temática más recurrentes de las solicitudes de información; ubicación geográfica de los solicitantes; número de solicitudes por año según la edad reportada del solicitante; porcentaje de solicitudes realizadas por género, número de solicitudes de información por año, según ocupación reportada por el solicitante, entre otras temáticas 2300 . 76. La Unidad de Acceso a la Información en Uruguay, la presenta sus estadísticas en su informe anual. Estos datos se refieren a la cantidad de formularios de cumplimiento y de reservas presentadas, cantidad de resoluciones y dictámenes dictados y sus temáticas y estadísticas de cumplimiento de la ley. Para cumplir con este objetivo, todos los sujetos obligados deben remitir a la UAIP un informe con datos sobre las solicitudes recibidas en el año anterior y el trámite seguido 2301 . 77. En Brasil, según la información recibida, la Contraloría General publica en Internet informes estadísticos con datos actualizados diariamente sobre las solicitudes de información y recursos de apelación, con base en datos extraídos de e-SIC. Estos informes incluyen los datos consolidados de todo Poder Ejecutivo Federal, así como datos específicos de un órgano o entidad registrado en el sistema, sin necesidad de hacer login en e-SIC 2302 . H. Conclusiones y Recomendaciones 78. En la última década 22 países del hemisferio han adoptado leyes para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, esta realidad es en buena medida producto de la promoción e impulso que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le ha dado a la protección e implementación del derecho de acceso a la información pública. En general, los marcos normativos adoptados por los distintos Estados se ajustan a los estándares desarrollados en la doctrina y jurisprudencia interamericana en la materia. 2297 Honduras. Instituto de Acceso a la Información Pública. Gerencia de Verificación de Transparencia. Resumen Ejecutivo- Verificación de la información de oficio-Portales de Transparencia-Instituciones Obligadas; Información enviada por el Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras. Disponible en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 2298 Información enviada por la Unidad de Acceso Información Pública de Uruguay. Disponible en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 2299 Uruguay. Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de Información/Presidencia de la República. Decreto No. 484/009. 3 de noviembre de 2009. 2300 México. Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Estadísticas e Indicadores. Información enviada por el IFAI-OA de México. Disponible en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 2301 Información enviada por la Unidad de Acceso Información Pública de Uruguay. Disponible en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 2302 Información enviada por la Contraloría General de la Unión. Disponible en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 427
79. La principal conclusión que puede extraerse del presente estudio es el consenso creciente en los Estados miembros de la OEA, en cuanto al reconocimiento del derecho a la información como uno de los pilares de la consolidación de sistemas democráticos asentados y robustos, a través de la participación ciudadana. Esto se ha expresado fundamentalmente en la aprobación de leyes de acceso a la información pública bajo los estándares desarrollados en la doctrina y la jurisprudencia interamericana. 80. Para implementar y aplicar las leyes de acceso a la información de manera eficiente, idónea y adecuada, varios países de la región han creado mecanismos institucionales de supervisión, lo que muestra una preocupación por promover una cultura de la transparencia a largo plazo. La existencia de este tipo de mecanismos es clave tanto para hacer efectiva la implementación de las leyes de acceso a la información, como para satisfacer el derecho que tienen las personas de contar con un recurso de revisión sencillo, expedito y efectivo, ante la negativa a entregar información. 81. La información recabada para este informe permite concluir que las instituciones que se han creado en la región para garantizar la implementación y cumplimiento del derecho de acceso a la información se vienen abriendo paso trabajosamente en cada uno de los Estados, lo que requiere de esfuerzos importantes de parte de sus autoridades para consolidar su espacio de autonomía y generar las capacidades para desarrollar su misión de forma plena. 82. Como surge del presente informe, estos organismos tienen diseños institucionales y características poco uniformes y no todos cumplen con los estándares interamericanos en cuanto a su independencia, autonomía y poder para resolver controversias. Una serie de países han creado organismos especializados en el cumplimiento del derecho a la información dotados de autonomía e independencia. En otros casos, se han nombrado comisionados o creado unidades especializadas en acceso a la información que fueron ubicados dentro de organismos ya existentes (Ministerio Público, Contralorías, el Archivo Nacional o el Parlamento). Un tercer grupo de Estados ha optado por establecer autoridades o comisiones expertas en el derecho a la información, pero bajo la dependencia del Poder Ejecutivo o de alguna entidad controlada por éste. 83. Entre las entidades de supervisión que fueron diseñadas con independencia y autonomía, dentro de la estructura estatal, también encontramos diferencias en razón de los factores que hacen a su independencia (proceso de selección y designación de los comisionados, destitución o terminación del mandato, soberanía presupuestal, etc). Una reciente reforma constitucional colocó al IFAI en México como uno de los organismos más importantes entre los creados en la región para el cumplimiento del acceso a la información pública, dotándolo autonomía e independencia con rango constitucional dentro de la organización política del Estado Federal. Sin embargo, Chile, Canadá, Honduras y El Salvador han constituido organismos con variados niveles de autonomía e independencia en relación con los factores que pueden determinar la independencia real (o percibida) de esas oficinas. 84. Un asunto crítico en los diseños institucionales estudiados radica en las facultades atribuidas por ley a estos organismos para resolver controversias y si tienen el poder para ordenar a los sujetos obligados que liberen el acceso a informaciones que pretenden mantener en reserva. Solo una minoría de los casos estudiados tienen el poder de emitir resoluciones vinculantes para las autoridades obligadas, como lo aconsejan los estándares internacionales para facilitar un recurso accesible y asequible al apelante. El IFAI de México, el Consejo para la Transparencia de Chile, el Instituto de Acceso a la Información en El Salvador y el Instituto de Acceso a la Información de Honduras pueden emitir resoluciones vinculantes pero no definitivas, lo que ha generado que los propios sujetos obligados impugnen sus decisiones ante el respectivo Poder Judicial y así dilaten la entrega de información requerida. 85. En los casos de Canadá, Estados Unidos y Uruguay los órganos de supervisión del acceso a la información sólo pueden emitir recomendaciones destinadas a que los organismos públicos que se niegan a entregar información revisen sus decisiones. En estos casos, los solicitantes que quieran hacer cumplir su derecho a la información deberán acudir al Poder Judicial, con el costo transaccional que ello supone. 428
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