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50. En Estados Unidos, la Oficina de Servicios de Información Gubernamental [Office of Government Information Services] tiene como mandato ofrecer mediación para resolver disputas entre las personas que realizan solicitudes de información y las agencias. El objetivo de la Oficina es identificar los problemas que pueden surgir y explorar formas de trabajo conjunto para resolver conflicto y evitar litigios. Si la medicación no es efectiva, la Oficina puede emitir opiniones consultivas al respecto 2261 . 51. El Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras tiene potestad para resolver controversias vinculadas al acceso a la información pública. Sus resoluciones son vinculantes y contra éstas sólo procede “el recurso de amparo en los términos de la Ley de Justicia Constitucional” (Art. 4[15] y 26). Esta entidad tiene además atribuciones para la implementación de una cultura de la transparencia, entre las que destacan: a) establecer los manuales e instructivos de procedimiento para la clasificación, archivo, custodia y protección de la información pública; b) apoyar las acciones y el archivo nacional en cuanto a la formación y protección de los fondos documentales de la Nación; c) establecer los criterios y recomendaciones para el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Pública; y d) realizar actividades de promoción y divulgación en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública (Art. 11) 2262 . 52. En México, el IFAI tiene como atribuciones conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes. De acuerdo con Constitución, las resoluciones del IFAI son “vinculatorias, definitivas, e inatacables para los sujetos obligados”. Sin embargo, el Consejero Jurídico del Gobierno “podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia”. El IFAI puede conocer de asuntos resueltos por órganos homólogos en las entidades federativas, así como de las impugnaciones contra negativas de información resueltas por otros órganos constitucionales autónomos y el resto de poderes de la Unión, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tiene atribuciones para participar en controversias sobre constitucionalidad de actos y normativa 2263 . Asimismo, el IFAI tiene la potestad para: establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial; coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios para la catalogación y conservación de los documentos, así como la organización de archivos de las dependencias y entidades; vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a las dependencias que se dé cumplimiento a las obligaciones de transparencia proactiva; orientar y asesorar a los particulares acerca de las solicitudes de acceso a la información; elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como los de acceso y corrección de datos personales; ejecutar la capacitación de los servidores públicos en materia de acceso a la información y protección de datos personales; elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia la legislación en la materia(Art. 37) 2264 . 53. En Uruguay, el Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, en virtud de sus atribuciones de vigilancia del cumplimiento de la ley, puede emitir resoluciones en las que, de ser el caso, podrá instruir a los sujetos obligados para que entreguen una determinada información. Sin embargo, las resoluciones no tienen carácter vinculante 2265 . De igual forma, la Unidad posee las siguientes funciones: a) asesorar al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la normativa referida al acceso a la información pública; b) controlar la implementación de la ley en los sujetos obligados; c) coordinar con autoridades nacionales la implementación de políticas; d) capacitar a los funcionarios de los sujetos que están obligados a brindar el acceso a la información; e) promover campañas educativas y publicitarias donde se reafirme el derecho al 2261 Estados Unidos. Office of Government Information Services. Building a Bridge Between FOIA requesters & Federal Agencies. 2014 Report for FY 2013. 2262 Honduras. Congreso Nacional/ Instituto de Acceso a la Información Pública. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Decreto Legislativo No, 170 -2006. Diario Oficial La Gaceta. 30 de diciembre de 2006. 2263 México. Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 6. 2264 México. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 11 de junio de 2002. 2265 Uruguay. Unidad de Acceso a la Información Pública. Resoluciones; Información recibida por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Disponible en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 421
acceso a la información como un derecho fundamental; f) realizar un informe de carácter anual relativo al estado del acceso a la información al Poder Ejecutivo y g) denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta violatoria de la ley 2266 . A estas atribuciones deben agregarse las establecidas por la Ley 19.178 que le otorga a la UAIP la potestad de desclasificar la información cuyo proceso de clasificación no se ajuste a lo dispuesto en la normativa vigente 2267 . 2. Atribuciones para la clasificación y desclasificación de información 54. El derecho de acceso a la información, en tanto elemento constitutivo de la libertad de expresión protegido por la Convención Americana, no es un derecho absoluto, sino que puede estar sujeto a limitaciones. No obstante, tales limitaciones deben dar cumplimiento estricto a los requisitos derivados del artículo 13.2 de la Convención Americana, esto es, deben ser verdaderamente excepcionales, estar consagradas de manera clara en la ley, perseguir objetivos legítimos, y ser necesarias para alcanzar la finalidad perseguida 2268 . 55. Los Relatores Especiales de la ONU, la OEA y la OSCE, en su Declaración Conjunta de 2004, efectuaron una formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información, y profundizaron en algunos temas atinentes a la información “reservada” o “secreta” y las leyes que establecen tal carácter, así como los funcionarios obligados legalmente a guardar su carácter confidencial 2269 . Entre otras cosas, indicaron que “cierta información puede ser legítimamente secreta por motivos de seguridad nacional o protección de otros intereses preponderantes”, pero que “sin embargo, las leyes que regulan el secreto deberán definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y especificar claramente los criterios que deberán utilizarse para determinar si cierta información puede o no declararse secreta, a fin de prevenir que se abuse de la clasificación ‘secreta’ para evitar la divulgación de información que es de interés público”, por lo cual “las leyes que regulan el secreto deberán especificar con claridad qué funcionarios están autorizados para clasificar documentos como secretos y también deberán establecer límites generales con respecto al período de tiempo durante el cual los documentos pueden mantenerse secretos”. 56. Con el fin de dar transparencia al proceso de clasificación, los órganos y entidades obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública de Brasil, deben revelar la lista de informaciones clasificadas y desclasificadas en sus sitios web 2270 . Para facilitar la búsqueda de datos, la Contraloría General de la Unión ha consolidado una lista de las entidades que cumplen con la legislación 2271 . La Contraloría junto con otros órganos, como la Secretaría de la Comunicación de la Presidencia de la República [Secretaria de Comunicação da Presidência da República], también creó un guía para orientar a los órganos acerca de cómo publicar la lista de informaciones clasificadas, desclasificadas y de informes estadísticos sobre la Ley de Acceso a la Información en sus sitios web 2272 . Igualmente, la ley de acceso a la información pública creó una Comisión Mixta de Revaluación de Información responsable por decidir sobre el “trato y clasificación” de información reservada en el ámbito de la administración pública federal. Para ello, la Comisión Mixta tiene competencia 2266 Uruguay. Asamblea General de la República Oriental del Uruguay. Ley N° 18.381. Derecho de Acceso a la Información Pública. Publicada en el Diario Oficial No. 27607 de 7 de noviembre de 2008. 2267 Uruguay. Asamblea General de la República Oriental del Uruguay. Ley No. 19.178. 18 de diciembre de 2013. Publicada en el Diario Oficial del 8 de enero de 2014. 2268 CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (El derecho de Acceso a la Información). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 45. 2269 CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (El derecho de Acceso a la Información). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 56. 2270 Brasil. Palácio do Planato/Presidência da República. Lei 12.527. 18 de noviembre de 2011. Art. 30. 2271 Brasil. Acceso à lnformaçao/Governo Federal. 19 de febrero de 2014. Órgãos que publicaram página de informações classificadas e desclassificadas; Brasil. Acceso à lnformaçao/Controladoria-Geral da União. Relatório sobre a implementação da Lei No 12.527: Lei de Acesso à Informação. 2013. 2272 Brasil. Acceso à lnformaçao/Governo Federal. Guia para publicação do rol de informações classificadas e desclassificadas e de relatórios estatísticos sobre a Lei de Acesso à Informação. 2ª versão. 422
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