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2. Características de los organismos estatales 193. El diseño institucional en relación con la implementación de la televisión digital deberá cumplir con los estándares y recomendaciones válidos para todos los servicios de radiodifusión, ya reconocidos por la CIDH y la Relatoría Especial en reiteradas oportunidades. Esto incluye que estén definidos claramente las características y roles de los distintos actores estatales que participan del proceso, ya sea en la elaboración, aprobación, implementación y fiscalización de la regulación, así como en las políticas públicas del proceso de transición y en los propios servicios de televisión digital 2169 . 194. Los Estados tienen la legítima potestad de definir las políticas para el sector, en función del interés general, de manera transparente y participativa, y siguiendo objetivos y principios legítimos y en el marco del pleno respeto y promoción de la libertad de expresión, para que su accionar sea compatible con la Convención Americana. No obstante, la CIDH y la Relatoría han enfatizado que los organismos reguladores que aplican y fiscalizan la legislación de radiodifusión deberán ser independientes del Estado y de intereses económicos. En este sentido, la Relatoría ha señalado que la autoridad de aplicación y fiscalización de la actividad de radiodifusión “debería ser un órgano colegiado que asegure pluralidad en su composición, estar sometido a procedimientos claros, integralmente públicos, transparentes y sometidos estrictamente a los imperativos del debido proceso y a un estricto control judicial. Sus decisiones deben ser públicas, estar ajustadas a las normas legales existentes y encontrarse adecuadamente motivadas. Finalmente, debe tratarse de un cuerpo responsable que rinda cuentas públicamente de su gestión” 2170 . 195. Los Relatores Especiales de Libertad de Expresión han señalado que “si bien las principales decisiones sobre políticas relativas a transición digital terrestre deben ser adoptadas por el gobierno, la implementación de tales decisiones solamente tendrá carácter legítimo cuando esté a cargo de un organismo exento de injerencias injustificadas de índole política, comercial o de otro tipo, conforme lo exigen las normas internacionales de derechos humanos (es decir, una autoridad de regulación independiente)” 2171 . 196. Esta recomendación adquiere un significativo valor teniendo en cuenta que varios de los países de la región no cuentan con organismos que tengan esta característica en su constitución y competencias, salvo algunas excepciones como el caso de Chile y su Consejo Nacional de Televisión (CNTV) 2172 y México con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 2173 . 197. Los organismos reguladores deberían, además, contar con presupuesto, recursos, competencias y potestades adecuadas para fiscalizar y hacer cumplir la normativa de manera efectiva, en particular para controlar y aplicar sanciones apropiadas para evitar la concentración indebida de medios 2174 . Al respecto los y las Relatoras Especiales para la Libertad de Expresión han señalado en la “Declaración conjunta sobre protección de la libertad de expresión y la diversidad en la transición digital terrestre” que 2169 CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo VI (Libertad de expresión y radiodifusión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párrs. 46 a 57. 2170 CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo VI (Libertad de expresión y radiodifusión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 48. 2171 Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). 3 de mayo de 2013. Declaración conjunta sobre protección de la libertad de expresión y la diversidad en la transición digital terrestre. Principio 1.d. Ver también: Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información. 12 de diciembre de 2007. Declaración Conjunta sobre diversidad en la radiodifusión. 2172 Consejo Nacional de Televisión. El CNTV. 2173 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). ¿Quiénes somos?. 2174 CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo VI (Libertad de expresión y radiodifusión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párrs. 46 a 57. 405
“las autoridades de regulación deberían contar con las atribuciones y los recursos necesarios —en cuanto a capacidad humana y tecnológica, y facultades de supervisión y aplicación— para implementar decisiones sobre políticas públicas claves” 2175 . 2175 Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). 3 de mayo de 2013. Declaración conjunta sobre protección de la libertad de expresión y la diversidad en la transición digital terrestre. Principio 2.c. 406
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