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elaboró un plan de trabajo tri-anual que fue presentado y aprobado en el pleno de la CIDH durante su 153
Período Ordinario de Sesiones 40 . El programa de trabajo de la Relatoría Especial pondrá énfasis en los
siguientes ejes temáticos:
101. Protección de periodistas, comunicadores sociales y activistas. La violencia y los atentados
contra la vida de los comunicadores sigue presentándose como un problema alarmante, e incluso su gravedad
se ha visto incrementada durante los últimos años en varios países de la región, debido a diversos contextos.
Esta es la forma más extrema de silenciar y censurar a la prensa, los activistas, los disidentes y defensoras y
defensores de derechos humanos. Por la gravedad de sus efectos y por el potencial que tiene este tipo de
violencia para silenciar a regiones enteras, que quedan a merced de la arbitrariedad estatal, los conflictos, los
actores privados vinculados a las industrias extractivas o la delincuencia organizada, este sigue siendo un
problema grave al que la Relatoría Especial le seguirá prestando toda su atención. El espectro de agresiones
contra periodistas y comunicadores sigue siendo variado y de diversa intensidad (agresiones físicas y
verbales, amenazas, restricciones de acceso a las fuentes), que ocurren muchas veces ante la pasividad del
Estado o incluso por la acción de agentes estatales. La Relatoría Especial realiza un permanente seguimiento
de la situación, expide comunicaciones ante ataques a la integridad y la vida de los comunicadores, promueve
el establecimiento de estándares para construir sistemas de protección que consideren el ejercicio
profesional como una variable de ineludible consideración e impulsa de forma permanente el estudio de
peticiones individuales relacionadas con el asesinato o agresiones a periodistas en el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos. En el actual período la Relatoría dará continuidad a estas acciones y buscará
incrementar la capacitación de autoridades estatales para prevenir o actuar ante estas situaciones, promover
la aprobación y/o fortalecimiento de mecanismos de protección, impulsar la pronta resolución de peticiones
individuales en esta materia y ampliar la denuncia de situaciones de indefensión.
102. Impunidad. La situación de impunidad de los delitos contra la libertad de expresión y la
presunta falta de voluntad en algunos países para abordar estas violaciones redunda en que una cantidad
importante de estos hechos no sean esclarecidos, lo que termina por infundir mayor confianza a sus
responsables e instigadores e incrementar significativamente la incidencia de esta forma de censura.
Concretamente, la Corte IDH ha expresado en reiteradas oportunidades que la impunidad, entendida como la
“falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena”, favorece la repetición
crónica de violaciones de derechos humanos 41 . Aun cuando algunos tribunales han conseguido individualizar
a los autores materiales de estos crímenes, decenas de casos vinculados al ejercicio de la libertad de
expresión permanecen impunes en la región. Los altos niveles de violencia contra periodistas pueden
explicarse, al menos en parte, por la impunidad de que han gozado los responsables de estos ataques. La
Relatoría tiene el mandato y el compromiso ético de trabajar para que estos hechos se investiguen, se lleven a
juicio imparcial, con todas las garantías a sus responsables, y se apliquen las condenas sin interferencia u
obstáculos. Además de trabajar por la memoria y la justicia de estos delitos, esta oficina continuará
promoviendo el principio de garantía de no repetición de los hechos violentos contra comunicadores y
defensoras y defensores de derechos humanos. En este periodo, la Relatoría Especial continuará
desarrollando programas capacitación dirigido a jueces, fiscalías u órganos investigativos con el propósito de
que este tipo de investigaciones criminales incluyan la perspectiva de libertad de expresión.
103. Criminalización de la expresión y responsabilidades ulteriores. En muchos países de la región
el derecho penal sigue siendo utilizado de modo injustificado y desproporcionado para penalizar expresiones
en el marco de una sociedad democrática. La aplicación del poder punitivo en muchos países, se traduce en la
criminalización de comunicadores, dirigentes políticos o sociales, disidentes y activistas por los derechos
humanos en el marco de expresiones de crítica, protesta o interés público. El uso del derecho penal en forma
desproporcionada para proteger el honor de funcionarios o personas públicas tiene efectos silenciadores
para quienes participan del espacio público, y en general sobre el debate de interés público. Lo que también
se traduce en una limitación al derecho de participación de distintos colectivos. En esta materia, la Relatoría
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Según el artículo 15.6 del Reglamento de la CIDH.
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Corte IDH. Caso de La “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998.
Serie C No. 37. Párr. 173.
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