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niega. De fallar en contra del diario y del columnista, los demandados podrían enfrentar penas de prisión de
cuatro años y el pago de multas millonarias 1798 . Al cierre de este informe, el proceso seguiría abierto.
1115. El 15 de octubre, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al
diario El Nacional y a las periodistas Hercilia Garnica e Ibeyise Pacheco a pagar una indemnización total de 4
millones 500 mil bolívares (aproximadamente US$ 714.000) a un médico por daño moral. El TSJ declaró sin
lugar los recursos de casación interpuestos por los acusados en contra de una sentencia dictada el 15 de mayo
de 2013 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas. El caso se remonta a unos artículos publicados en 1991 cuyo contenido
señalaría mala praxis por parte del médico lo que fue considerado por él como una campaña de desprestigio y
deshonra en su contra. El Tribunal también ordenó que la C.A. Editora El Nacional permitiera el derecho a
réplica por parte del médico a través de cinco remitidos que el profesional decida en la primera página de uno
de los cuerpos del medio, sin ningún costo 1799 .
1116. El Principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[l]as leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la
investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar
garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario
público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés
público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo
intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con
manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. Asimismo, el Principio 11 de
esta Declaración establece que “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la
sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente
conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
1117. Entre el 22 de agosto y el 15 de octubre, se habrían detenido al menos a siete personas luego
de haber expresado su opinión a través de la red social Twitter y habrían sido trasladas a la sede del Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Inés Margarita González habría recibido una citación de parte
del Ministerio Público luego de publicar un tweet sobre la muerte del diputado oficialista Robert Serra. En su
audiencia de presentación, la fiscal del tribunal 13 de control le imputó los delitos de instigación pública,
ultraje violento y ultraje a funcionario público, por los que estaría recluida desde el 8 de octubre. Otras seis
personas habrían sido detenidas luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, los
acusara durante su programa “Con El Mazo Dando” de enviar “mensajes de amenazas y burlas por el
asesinato de Robert Serra y María Herrera”. El Foro Penal habría señalado que los tuiteros estarían detenidos
por presuntos mensajes de “instigación pública”. Según lo informado, se habría detenido a Ginette Hernández,
estudiante de Artes, acusada de fraude informático y crear pánico y zozobra en la colectividad por
presuntamente escribir un tweet que habría predicho la muerte del diputado Serra. Lessy Marcano, presunto
tío de Hernández, estaría acusado de los mismos delitos y de usar la misma cuenta. Leonel Sánchez Camero
investigado por el hackeo de las cuentas de Twitter de Jacqueline Faría, ministra de Comunicaciones, Gabriela
del Mar Ramírez, Defensora del Pueblo, y el diputado Eduardo Lima. Víctor Ugas detenido por difundir las
imágenes del cadáver del diputado Serra. Abrahan David Muñoz, estudiante de ingeniería, detenido por hacer
comentarios sobre la muerte del diputado Serra. Muñoz ya estaría en libertad. Daniely Benítez, estudiante de
Artes, habría sido detenida por estar vinculada a la cuenta que habría predicho la muerte del diputado Serra,
sin embargo habría sido liberada al no demostrar ninguna vinculación 1800 .
1798
TalCual. 6 de marzo de 2014. La censura, bien gracias; El País. 11 de marzo de 2014. El periódico progresista ‘TalCual’, en el
punto del mira del chavismo; El Tiempo. 10 de marzo de 2014. Director de diario venezolano TalCual denuncia presesión de gobierno.
1799
Tribunal Supremo de Justicia. Exp. Nro. AA20-C-2013-000639. 15 de octubre de 2014; Venezolana de Televisión (VTV). 16
de octubre de 2014. TSJ: Diario El Nacional y dos de sus periodistas deberán pagar indemnización de Bs.4.500.000 a médico por daño moral;
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela. 23 de octubre de 2014. Caracas: Sentencia del TSJ obliga a dos periodistas y diario de
circulación nacional pagar indemnización.
1800
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela. 28 de octubre de 2014. Venezuela: 7 twitteros fueron detenidos por agentes de
seguridad del Estado; RunRun.es. 17 de octubre de 2014. Presos por tuitear: ¿Quiénes son en realidad los tuiteros detenidos en el Sebin?;
TalCual. 22 de octubre de 2014. Detenidos por un tuit; El Venezolano Houston. 18 de octubre de 2014. En Venezuela detienen a seis
"tuiteros" por mensajes "ofensivos" contra el Gobierno; Espacio Público. 17 de octubre de 2014. Detienen a administradora de la cuenta
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