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habría precisado que los funcionarios denunciados como presuntos agraviantes ostentan cargos diferentes en
donde Diosdado Cabello era considerado como un alto funcionario del Estado con jerarquía constitucional,
mientras que Ricardo Durán no gozaba de dicha jerarquía ni formaba parte de la categoría de alto
funcionario. “[C]orrespondería a esta Sala conocer en única instancia de la acción de amparo incoada contra el
ciudadano Diosdado Cabello, más no contra el ciudadano Ricardo Durán quien, conforme al artículo 7 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tomando en cuenta que el presunto
hecho agraviante proviene de un funcionario público que no goza de alta jerarquía, correspondería el trámite
de la acción a un Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Región Capital (…)” 1778 .
1101. El 5 de agosto la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró
“inadmisible el recurso de abstención interpuesto contra la ministra del Poder Popular para la Salud, con
motivo de la falta de oportuna y adecuada respuesta a la petición de información realizada el 22 de octubre de
2012, reiterada en fechas 26 de diciembre de 2012 y 6 de febrero de 2013”. Asociaciones civiles como Espacio
Público, Transparencia Venezuela, Acción Solidaria y el Programa Venezolana de Educación-Acción en
Derechos Humanos (Provea) presentaron dicho recurso el 21 de mayo de 2013 luego de que no recibieran
respuesta sobre las recomendaciones hechas por la Contraloría General de la República respecto a las
presuntas irregularidades que se habrían presentado en la distribución, almacenamiento y conservación de
ciertos medicamentos provenientes de Cuba. En su decisión, el TSJ determinó que en peticiones como esta,
“donde se pretende recabar información sobre la actividad que ejecuta o va a ejecutar el Estado para el logro
de uno de sus fines […] atenta contra la eficacia y eficiencia que debe imperar en el ejercicio de la
Administración Pública, y del Poder Público en general, debido a que si bien toda persona tiene derecho a
dirigir peticiones a cualquier organismo público y a recibir respuesta en tiempo oportuno, no obstante el
ejercicio de ese derecho no puede ser abusivo de tal manera que entorpezca el normal funcionamiento de la
actividad administrativa la cual, en atención a ese tipo de solicitudes genéricas, tendría que dedicar tiempo y
recurso humano a los fines de dar explicación acerca de la amplia gama de actividades que debe realizar en
beneficio del colectivo, situación que obstaculizaría y recargaría además innecesariamente el sistema de
administración de justicia ante los planteamientos de esas abstenciones”. El Tribunal señaló también que
información como la que fue solicitada “puede encontrarse en los informes anuales que son rendidos por los
titulares de los ministerios ante la Asamblea Nacional […]”. En la decisión también se estableció que en
ausencia de una ley de acceso a la información se hace necesario que “el solicitante deberá manifestar
expresamente las razones por las cuales requiere la información, así como justificar que lo requerido sea
proporcional con el uso que se le pretende dar” 1779 .
1102. El Principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que “[e]l acceso a la
información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a
garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar
establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la
seguridad nacional en sociedades democráticas”.
D. Declaraciones estigmatizantes
1103. En un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información
(Minci) del 25 de mayo, la titular de la entidad, Delcy Rodríguez, habría atacado al diario español ABC y su
corresponsal en Caracas, Ludmila Vinogradoff. El hecho se habría relacionado con la publicación de una nota
periodística en la que se explicaba la resistencia para mostrar el certificado de defunción del ex presidente
1778
Tribunal Supremo de Justicia. Expediente núm. 13-0508. 2 de mayo de 2014; El Nacional. 8 de mayo de 2014. TSJ niega
protección a periodistas de fuente parlamentaria; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela. 9 de mayo de 2014. Caracas: Sala
Constitucional declaró inadmisible acción de amparo interpuesto por periodista contra Diosdado Cabello y ex director de Comunicación e
Información de la Asamblea Nacional por limitación de acceso a la AN en 2013; Noticiero Digital. 9 de mayo de 2014. TSJ declara
inadmisible acción contra Diosdado Cabello por “inepta acumulación de pretensiones”; Monitoreo Ciudadano/YouTube. 18 de julio de
2013. Periodista Maru Morales realata como limitan acceso a la Asamblea Nacional.
1779
Tribunal Supremo de Justicia. Exp. N o 2013-0869. 5 de agosto de 2014; Espacio Público. 7 de agosto de 2014. TSJ:
preguntar entorpece la labor del Ministerio para la Salud; Provea. 8 de agosto de 2014. Caso Medicinas Vencidas: Para el TSJ lo primero son
los intereses del gobierno, luego los derechos de la gente; El Universal. 16 de agosto de 2014. TSJ elimina Contraloría Social.
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