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constituye uno de los objetivos del derecho de reunión, por lo que su ejercicio supone implícitamente el goce
del derecho a la libertad de expresión 1774 . Ciertamente, cuando se trata de la expresión de los sectores de la
sociedad tradicionalmente marginados que no pueden acceder a canales de denuncia como la prensa
tradicional o frente a marcos institucionales de denuncia deficientes, la protesta se constituye en un
instrumento vital para la participación efectiva e incluyente de los ciudadanos en asuntos públicos.
1098. Esto adquiere mayor relevancia cuando existen serias barreras para el debate público. Como
ha observado la Comisión “la fragilidad de las instituciones del Estado, la corrupción oficial y otros problemas
con frecuencia impiden que las violaciones de los derechos humanos salgan a la luz y sean castigadas. En los
países afectados por estos problemas, el ejercicio de la libertad de expresión se ha transformado en uno de
los medios principales a través de los cuales actos ilegales o abusivos que antes pasaban desapercibidos o
ignorados por las autoridades o perpetrados por ellas, ahora se denuncian” 1775 . En este contexto, la CIDH ha
reconocido que la protesta y movilización social no es sólo una herramienta de petición a la autoridad pública
sino también un canal de denuncias públicas sobre abusos o violaciones a los derechos humanos 1776 .
1099. En consecuencia, la manifestación y protesta social como ejercicio de la libertad de expresión
y del derecho de reunión, reviste un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco aún más
restringido para justificar una limitación de este derecho. En este sentido, se ha afirmado que la regulación de
este derecho no puede tener como efecto práctico prohibir la reunión o la manifestación pacífica. Es así que,
en términos similares al artículo 13 de la Convención, el artículo 15 de dicho instrumento sólo autoriza la
imposición de restricciones al derecho de reunión que estén “previstas por la ley, que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para
proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás” 1777 .
C. Acceso a información, funcionarios y lugares públicos
1100. El 2 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría declarado
inadmisible una acción de amparo interpuesta el 31 de mayo de 2013 por la periodista Marieugenia (Maru)
Morales Pinto del diario El Nacional contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el
entonces director de Comunicación e Información de esta entidad, Ricardo Durán, para que se le permitiera la
entrada a la Asamblea Nacional. La periodista habría solicitado la acción de amparo tras haber alegado una
violación de sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley, libertad de expresión y comunicación y al
trabajo luego de que se le hubiera prohibido el acceso al lugar entre el 21 y el 28 de mayo de 2013. Según la
sentencia del TSJ, Morales habría señalado que esta prohibición podría estar relacionada con un artículo
publicado el 7 de mayo titulado “Nuevas Restricciones a la prensa” en el que la periodista habría denunciado
las supuestas restricciones de los periodistas a circular por la entidad, y ante el cual Durán la habría señalado
como “operadora política de la derecha para entorpecer los trabajos comunicacionales de la Asamblea
Nacional”. El Tribunal lo habría declarado inadmisible argumentado “inepta acumulación de pretensiones”, y
(Partido de la Prosperidad) y otros c. Turquía, Sentencia del 31 de julio de 2001. Párr. 44; Corte EDH, Caso Partido Unido Comunista Turco
y otros c. Turquía, Sentencia del 30 de enero de 1998, Informe 1998-I. Párr. 42; CIDH. Informe Anual 2005. Informe de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo Cap V (Las manifestaciones públicas como ejercicio de la Libertad de Expresión y la
Libertad de reunión). OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 7. 27 de febrero de 2006.
1774
CIDH. Informe Anual 2005. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo Cap V (Las
manifestaciones públicas como ejercicio de la Libertad de Expresión y la Libertad de reunión). OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 7. 27 de febrero
de 2006.
1775
CIDH. Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr. 22 de octubre de 2002. Párr.
267; Ver también, CIDH. Segundo Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Perú. OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 59 rev. 2 de
junio de 2000. Cap. V. Párr. 20.
1776
CIDH. Informe Anual 2005. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo Cap V (Las
manifestaciones públicas como ejercicio de la Libertad de Expresión y la Libertad de reunión). OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 7. 27 de febrero
de 2006. Párr. 1.
1777
CIDH. Informe Anual 2005. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo V (Las manifestaciones
públicas como ejercicio de la Libertad de Expresión y la Libertad de reunión). OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 7. 27 de febrero de 2006. Párr.
83.
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