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y el abuso de autoridad” 1745 . Por esta razón, las autoridades deben otorgar a los y las periodistas el máximo
grado de garantías para que cumplan su función. En ese sentido, deben garantizar que los y las periodistas no
sean detenidos/as, amenazados/as ni agredidos/as y que sus derechos no sean restringidos en ninguna
forma por estar ejerciendo su profesión en el marco de una manifestación pública. El Estado no debe prohibir
ni criminalizar las trasmisiones en directo de los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o
limiten la libre circulación de información 1746 . Los y las periodistas no deben ser citados/as como testigos por
los órganos de Justicia y las autoridades deben respetar el derecho a la reserva de sus fuentes de información.
Asimismo, sus materiales y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados 1747 . Las
autoridades deben adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra los y las
periodistas, condenando enérgicamente las agresiones, investigando los hechos y sancionando a los
responsables, tal como establece el principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH 1748 . La Comisión
reitera que expresiones de intolerancia política de la autoridad estatal, no solo son contrarias a la plena
vigencia de los derechos humanos, sino que además pueden ubicar a un sector de la población en una
posición de mayor vulnerabilidad y riesgo ante posibles ataques de distinta naturaleza. También es de
especial importancia en estos contextos que las autoridades cuenten con protocolos especiales para proteger
a la prensa en circunstancias de conflictividad social e instruyan a las fuerzas de seguridad sobre el rol de la
prensa en una sociedad democrática 1749 .
1083. Asimismo, en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, los
Estados deben apegarse a los más estrictos estándares internacionales en materia de libertad de expresión de
forma tal que se les garantice el derecho pleno a la libertad de expresión sin intervenciones indebidas tanto a
los periodistas y medios de comunicación como la sociedad en su conjunto, de conformidad con el principio 2
de la Declaración de Principios de la CIDH 1750 . Esto es particularmente importante cuando existen denuncias
de bloqueo de portales y aplicaciones de medios de comunicación que transmiten a través de Internet. Según
el principio de la neutralidad de la red “el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto
de ningún tipo de discriminación, bloqueo, filtro o interferencia en función de factores como su origen o
destino, autor, contenido, dispositivos, servicio o aplicación”. Se trata de una condición necesaria para ejercer
la libertad de expresión en Internet en los términos del artículo 13 de la Convención Americana 1751 .
1745
Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de
Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 13 de
septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales.
1746
Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de
Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 13 de
septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales.
1747
Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de
Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 13 de
septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales.
1748
Principio 9 de la Declaración de principios de la CIDH: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las
personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus
autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
1749
Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de
Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 13 de
septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales.
1750
Principio 2 de la Declaración de principios de la CIDH: “[t]oda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir
información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de
comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
1751
CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (Libertad de
Expresión e Internet). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párr. 25; Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU)
sobre la Promoción y Protección del derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante para la Libertad de los Medios de
Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Relatora Especial de la Organización de Estados
Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión, y Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). 1 de junio de 2011. Declaración conjunta sobre libertad de expresión
e Internet.
Punto 5 (a).
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