GJGgLZ

que obstaculizaría y recargaría además innecesariamente el sistema de administración de justicia ante los
planteamientos de esas abstenciones”.
1080. Durante la audiencia “Situación del derecho a la libertad de expresión e información en
Venezuela” celebrada en el marco del 150 Periodo de Sesiones de la CIDH el 28 de marzo de 2014 1744 , la
Comisión recibió con preocupación información sobre un alegado patrón de estigmatizaciones, detenciones,
agresiones físicas, amenazas, hostigamientos y robo de material contra periodistas y trabajadores de medios
que intentan cubrir las protestas realizadas en varios estados del país a partir del mes de febrero de 2014. De
acuerdo con la información suministrada por las organizaciones de la sociedad civil participantes, 116
periodistas habrían sido “brutalmente agredidos” y 23 trabajadores de la prensa habría sido “detenidos
ilícitamente” durante los meses de febrero y marzo en Venezuela por las autoridades y los efectivos de los
cuerpos de seguridad de Venezuela, mientras cubrían los eventos de protesta social. Adicionalmente, las
organizaciones informaron que durante las protestas el “periodismo ciudadano” o el “infoactivismo” fue
fuertemente reprimido. De acuerdo con entrevistas hechas por las organizaciones participantes, durante las
protestas, “el objeto más retenido, destruido y a veces robado ha sido el teléfono celular con cámara” con el
propósito de censurar imágenes que puedan demostrar actos de represión policial. Relataron que este tipo de
violencia habría cobrado la muerte de, al menos, una persona e indicaron que estas agresiones
permanecerían en la impunidad. Por otra parte manifestaron que en el contexto de las manifestaciones las
organizaciones de la sociedad civil han documentado cerca de quinientos sitios web bloqueados a los que los
usuarios de la red venezolana no pueden acceder, como el caso de NTN24.com. Además, informaron que
durante las manifestaciones se habría reportado el bloqueo en las imágenes de Twitter y la reducción de la
conexión y capacidad de Internet, afectando las garantías asociadas a la neutralidad de la red en Venezuela.
Estas medidas se habrían realizado “sin ningún tipo de procedimiento” y no existirían mecanismos para
obtener información que permita saber qué es lo que está sucediendo. Finalmente, expresaron que estos
hechos han tenido lugar en un contexto de autocensura por parte de los medios de radiodifusión, los cuales
no podrían informar abiertamente sobre las manifestaciones, por temor a sufrir represalias por el ente
regulador Conatel.
1081. Por su parte, el Estado explicó que no se trataría de manifestaciones pacíficas sino de
disturbios callejeros que afectarían a 18 de los 335 municipios de la República de Venezuela. Afirmó que “una
manifestación pacífica no intenta destruir edificios como el de la Procuraduría General de la Fiscalía, no
incendia vehículos, no incendia cerca de un centenar de vehículos del transporte público, no incendia ni
destruye 16 universidades; ¡por favor! esos no son procedimientos pacíficos, ni estudiantiles, ni juveniles, son
procedimientos de sicariato. Las llamadas manifestaciones consisten […] en que un grupo de delincuentes
encapuchados cortan los accesos de los barrios de clase media y captura prisionera ahí a toda la urbanización;
no les permiten salir, no los dejan recibir asistencia médica, no los dejan llevar sus hijos al colegio”. Según
informó el Estado, de los detenidos en las manifestaciones, “apenas un 30% resultaron ser estudiantes, casi el
90% de los manifestadores detenidos por actitudes violentas fueron liberados a las pocas horas, y entonces,
quedaron retenidos algunos que llevaban porte de armas, estaban portando ilegalmente armas, cosa que es
penalizada en Venezuela, o estaban destruyendo propiedades o habían reincidido”. Informó que en este
contexto fueron hackeados portales de los ministerios y portales del gobierno. Asimismo, indicó que el
bloqueo de las líneas de comunicación en el país habría sido consecuencia de “un sabotaje de hace pocos días
[que] incendió una central eléctrica”.
1082. En la Declaración Conjunta sobre violencia contra los y las periodistas en el marco de
manifestaciones sociales, adoptada en 2013, se indica que en el contexto de manifestaciones y situaciones de
alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores/as y el libre flujo de información “es
fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un
importante rol al reportar sobre la actuación del Estado […] previniendo el uso desproporcionado de la fuerza
1744
CIDH. 150 Periodo de Sesiones. 28 de marzo de 2014. Audiencia Situación del derecho a la libertad de expresión e
información en Venezuela. Disponible para consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/150/default.asp; CIDH. 4 de
abril de 2014. Comunicado de Prensa 35/14. CIDH concluye el 150 Período de Sesiones; CIDH. 13 de mayo de 2014. Informe sobre el 150
Periodo de Sesiones de la CIDH.
329