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alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores/as y el libre flujo de información “es
fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un
importante rol al reportar sobre la actuación del Estado […] previniendo el uso desproporcionado de la fuerza
y el abuso de autoridad”. Por esta razón, las autoridades deben otorgar a los y las periodistas el máximo grado
de garantías para que cumplan su función. En ese sentido, deben garantizar que los y las periodistas no sean
detenidos/as, amenazados/as ni agredidos/as y que sus derechos no sean restringidos en ninguna forma por
estar ejerciendo su profesión en el marco de una manifestación pública. El Estado no debe prohibir ni
criminalizar las trasmisiones en directo de los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o
limiten la libre circulación de información. Los y las periodistas no deben ser citados/as como testigos por los
órganos de Justicia y las autoridades deben respetar el derecho a la reserva de sus fuentes de información.
Asimismo, sus materiales y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados 1358 . Las
autoridades deben adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra los y las
periodistas, condenando enérgicamente las agresiones, investigando los hechos y sancionando a los
responsables, tal como establece el principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH 1359 . También es de
especial importancia en estos contextos que las autoridades cuenten con protocolos especiales para proteger
a la prensa en circunstancias de conflictividad social e instruyan a las fuerzas de seguridad sobre el rol de la
prensa en una sociedad democrática 1360 .
B. Acceso a información pública y funcionarios públicos
821. La Relatoría Especial continuó recibiendo información sobre los presuntos obstáculos para
acceder a información pública especialmente para medios considerados de oposición. El país cuenta con la
Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) Ley 621 de 2007, que entre otras disposiciones establece que
las instituciones estatales deberían contar con Oficinas de Acceso a la Información Pública que tendrán “como
misión facilitar, a las personas que así lo demanden, el acceso a la información, creando un sistema de
organización de la información y los archivos, con su respectivo índice de la información a su resguardo” 1361 .
No obstante, la información pública estaría siendo controlada por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía,
entidad coordinada por la primera dama de la nación, Rosario Murillo. A través de este Consejo, se estaría
manejando la información de manera centralizada debido a que sería el único órgano autorizado a
suministrar información 1362 .
822. También se recibió información sobre la prohibición que tienen los funcionarios públicos de
ofrecer declaraciones a los medios, así como la imposibilidad de que los medios entren a eventos
gubernamentales o a conferencias de prensa 1363 .
1358
Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de
Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 13 de
septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales.
1359
Principio 9 de la Declaración de principios de la CIDH: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores
sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las
víctimas una reparación adecuada”.
1360
Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de
Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 13 de
septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales.
1361
Comisión de Gobierno Electrónico de Nicaragua. LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LEY No. 621. Capítulo II
DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DEMÁS ÓRGANOS. 16 de mayo de 2007.
1362
Freedom House. Reporte Nicaragua 2014; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Nicaragua. Asamblea General 2014 –
Santiago, Chile. Octubre de 2014; Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). 30 de octubre de 2014. Comunicación dirigida al
Relator Especial para la Libertad de Expresión. Disponible en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1363
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Nicaragua. Asamblea General 2014 – Santiago, Chile. Octubre de 2014; Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). 30 de octubre de 2014. Comunicación dirigida al Relator Especial para la Libertad de
Expresión. Disponible en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
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