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disposiciones mencionadas supra de la ley. En este sentido, reconocen la manifestación social como una forma
de ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y asociación. Respecto a las disposiciones legales
cuestionadas, los juzgados observaron, entre otros, que “la exigencia de precisar el fin ‘perfectamente’ lícito
de la manifestación pública que pretenda realizarse establece un efecto inhibidor” en el ejercicio de estos
derechos, ya que no pueden ser calificados de manera previa, “porque en sí mismo el ejercicio del derecho
fundamental de libre expresión y libre manifestación de ideas, es lícito”. Asimismo, encontraron que la
exigencia de presentar el aviso correspondiente con cuarenta y ocho horas de anticipación, “restringe el
derecho a manifestarse públicamente a una temporalidad cierta” lo cual es desproporcional, ya que “cuando
hay un suceso que cimbra a la opinión pública o cuando existe descontento social por alguna situación” hay
una necesidad inmediata de manifestarse que no admite plazo 1269 . Para los órganos jurisdiccionales “[l]a
exigencia al Estado o a un grupo determinado integrante de la sociedad, de respecto [sic] a los derechos
humanos a través de la manifestación pública, por su propia naturaleza, debe ser desinhibida, robusta y
abierta, pudiendo inclusive incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente sarcásticos sobre
personajes públicos, políticas gubernamentales, sobre algún descontento social o incluso al grado máximo al
que no es ni conveniente ni deseable llegar que es el rechazo social” hacia las instituciones del Estado. En
suma, “debe existir respeto a la expresión de ideas y sentimientos que pudieran ser recibidas
desfavorablemente por sus destinatarios, incluida la opinión pública.” 1270
750. Asimismo, los juzgados encontraron que el mantenimiento “a priori del orden público y la
paz social” no resultan en una limitación idónea ni necesaria, ya que la norma no cumple con los estándares
de establecer una restricción “orientada a alcanzar la prevención de una afectación real y verificable, que
pudiera constituir una amenaza cierta de perturbación a la dinámica democrática de la sociedad, o bien, una
afectación cierta a los derechos fundamentales de terceros”. En este orden de ideas, observaron que “el corte
en el tránsito de vehículos a través de la utilización de vías primarias de circulación para la realización de una
manifestación pública, aunque muy importante, no puede ser una justificación” suficiente para su limitación o
restricción. Los juzgados también reconocieron el efecto inhibidor que genera la falta de precisión en la
norma sobre cuáles serían las medidas necesarias empleadas por la Secretaría de Seguridad Pública, “ya que
el gobernado está imposibilitado para saber previamente las consecuencias jurídicas que podrían derivarse
de la utilización de vías primarias de circulación continua durante la realización de una manifestación
pública, dejándolo en incertidumbre, disminuyendo así sus posibilidades de ejercer plenamente sus derechos
fundamentales”. Con base en todo lo anterior, suspendieron la aplicación de los artículos 212 a 214 de la ley a
los peticionarios 1271 .
751. Según lo informado, el Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico del
Estado de Quintana Roo”. Su última versión, publicada el 4 de julio, aunque permite el uso de las vías públicas
para manifestaciones, determina que particulares “no podrán limitar o restringir el tránsito de peatones y
vehículos” y prohíbe el bloqueo de vías públicas (Artículos 15 y 29. XXXV). Algunas de las infracciones que
considera son la de “realizar actos que de manera ilícita, afecten el normal funcionamiento de las acciones del
1269
Red TDT. 30 de noviembre de 2014. Juzgados federales confirman que la ley de movilidad viola derechos humanos en un
contexto de criminalizacion de la protesta social; Animal Político. 5 de diciembre de 2014. La Ley de Movilidad del DF es anticonstitucional;
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Juicio de Amparo Número 1693/2014. 14 de febrero de
2014.
1270
Comisión Nacional de los Derechos Humanos México. 13 de agosto de 2014. Demanda de acción de inconstitucionalidad,
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Agosto de 2014.
Acción de Inconstitucionalidad; Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Juicio de Amparo Número
1693/2014. 14 de febrero de 2014.
1271
Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 14 de febrero de 2014. Juicio de Amparo
Número 1689/2014. Disponible en:
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=10/0010000015811369011.doc_1&sec=Carlos_David_Bautista_Lozano&svp=1; Juzgado
Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 14 de febrero de 2014. Juicio de Amparo Número 1690/2014.
Disponible
en:
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=10/0010000015811736009.doc_1&sec=Carlos_David_Bautista_Lozano&svp=1; Juzgado
Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 14 de febrero de 2014. Juicio de Amparo Número 1693/2014.
Disponible
en:
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=726/0726000015815412003.doc_1&sec=Manuel_Vizcarra_N%C3%BA%C3%B1ez&svp=1.
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