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Valladares Lanza y Daysi Pineda Madrid con Honduras 19 ; (xi) Comunicadores de la Voz de Zacate Grande con
Honduras 20 ; (xii) Lucía Carolina Escobar Mejía, Cledy Lorena Caal Cumes, Gustavo Girón con Guatemala 21 ;
(xiii) Emilio Palacio, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga con Ecuador 22 ;
(xiv) 15 trabajadores de Radio Progreso con Honduras 23 ; y (xv) Yoani María Sánchez Cordero con Cuba 24 .
27. Durante 2014, la Relatoría Especial colaboró en el estudio de 21 solicitudes de medidas
cautelares entre las cuales fueron otorgadas: Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia y otros respecto de
Ecuador 25 ; Líderes y lideresas de Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de Cajamarca respecto de
Perú 26 ; Miembros de la Revista Contralínea respecto de México 27 ; Ángel Lázaro Santiesteban Prats respecto
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Decisión de la CIDH de 3 de julio de 2008, con el objetivo de evitar la destrucción de las boletas electorales de los comicios
presidenciales de 2006 en México.
19
Decisión de la CIDH de 26 de abril de 2011, en la cual se solicitó al Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias
a fin de garantizar la vida y la integridad física de Leo Valladares Lanza y su esposa Daysi Pineda Madrid, con la finalidad de que Leo
Valladares Lanza pudiera continuar ejerciendo su actividad de defensa y promoción de los derechos humanos en condiciones de
seguridad, así como también que se acuerden las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.
20
Decisión de la CIDH de 18 de abril de 2011, en la cual se solicitó al Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias
para garantizar la vida y la integridad física de los comunicadores de La Voz de Zacate Grande, y que concertara las medidas a adoptarse
con los beneficiarios y sus representantes.
21
Decisión de la CIDH de 14 de noviembre de 2011 en la cual se solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para
garantizar la vida y la integridad de Lucía Carolina Escobar Mejía, Cledy Lorena Caal Cumes y Gustavo Girón, concertar las medidas a
adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron
lugar a la adopción de la medida cautelar.
22
Decisión de la CIDH de 21 de febrero de 2012 en la cual se solicitó al Estado de Ecuador suspender de inmediato los efectos
de la sentencia del 15 de febrero de 2012, a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión. El 9 de marzo de 2012, la CIDH levantó
estas medidas cautelares y archivó el expediente, después de recibir una comunicación, de fecha 29 de febrero de 2012, mediante la cual
los solicitantes requerían dicho levantamiento, en vista de que habían cesado las causas de urgencia inmediata que las motivaron.
23
Ampliación de medida cautelar. Decisión de la CIDH de 25 de mayo de 2012 en la cual se solicitó al Estado de Honduras
informar a la CIDH sobre la concertación con los beneficiarios de la implementación de la MC 399/09, que protege a varios trabajadores
de Radio Progreso en Honduras, desglosada de la MC 196/09 el 1 de abril de 2011.
24
Decisión de la CIDH de 9 de noviembre de 2012 en la cual se solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias
para garantizar la vida y la integridad física de Yoani María Sánchez Cordero y su familia, que concierte las medidas a adoptarse con la
beneficiaria y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la
adopción de medidas cautelares.
25
Decisión de la CIDH de 24 de marzo de 2014 en la cual se solicitó al Estado de Ecuador suspender inmediatamente los
efectos de la decisión de 14 de enero de 2014, emitida por el Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual. Los
beneficiarios de la medida cautelar Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia y Cléver Jiménez fueron condenados a una pena efectiva
de 18 meses de prisión por el delito de “injuria judicial” por expresiones contendidas en una denuncia interpuesta contra el Presidente
de la República de Ecuador ante la Fiscalía General de la Nación. El dirigente sindical Carlos Eduardo Figueroa Figueroa fue condenado a
seis meses de cárcel. Asimismo, los beneficiarios fueron condenados al pago de una reparación económica equivalente al salario mensual
del presidente Rafael Correa, por cada uno de los meses transcurridos desde la presentación de la denuncia en su contra (el 4 de agosto
de 2011) y hasta la notificación de la sentencia. CIDH. 24 de marzo de 2014. Resolución 6/2014. Medida Cautelar No. 30-14.
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Decisión de la CIDH de 5 de mayo de 2014 en la cual se solicitó al Estado de Perú adoptar las medidas necesarias para
preservar la vida y la integridad personal de las beneficiarias y beneficiarios identificados; concertar las medidas a adoptarse con los
beneficiarios y sus representantes; e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción
de la medida cautelar y así evitar su repetición. Los beneficiarios incluyen a 46 líderes y lideresas de las comunidades y rondas
campesinas, los integrantes de la familia Chaupe y al rondero Luis Mayta, quienes se encontrarían en un contexto de agresiones físicas,
intimidaciones y amenazas por la labor que desempeñan en oposición a la ejecución de un proyecto minero. Asimismo, dentro de los
beneficiarios se encuentra el comunicador social César Estrada quien estaría dentro del mismo contexto de agresiones físicas,
intimidaciones y amenazas por el cumplimiento de su labor periodística. CIDH. 5 de mayo de 2014. Resolución 9 de 2014. Medida
Cautelar No. 452-11.
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Decisión de la CIDH de 18 de julio de 2014 en la cual se solicitó al Estado de México adoptar las medidas necesarias para
preservar la vida y la integridad de los miembros identificados de la Revista Contralínea; concertar las medidas a adoptarse con los
beneficiarios y sus representantes; e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción
de la medida cautelar y así evitar su repetición. Los miembros de la Revista Contralínea, integrada por Flor Irais Maldonado Goche, Rosa
Elva López Mendoza, Mauricio Gabriel Romero Patiño, Marcos Chávez Maguey, Erika Soemi Ramírez Pardo, Nancy Paola Flórez Nández,
Zósimo Camacho Ibarra, José Nicolás Reyes Hernández y Agustín Miguel Badillo Cruz, habrían sido objeto de amenazas y agresiones,
debido a su condición de periodistas y al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. CIDH. Resolución 21/2014. Medida Cautelar
252-14.
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