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la cual de acuerdo con lo establecido por la Corte en su jurisprudencia implica el derecho de
todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros”. Asimismo reiteró su
jurisprudencia en cuanto al “efecto intimidante en el ejercicio de la libertad de expresión que
puede causar el temor a verse sometido a una sanción penal o civil innecesaria o
desproporcionada en una sociedad democrática, que puede llevar a la autocensura tanto a
quien le es impuesta la sanción como a otros miembros dela sociedad”. En el presente caso,
el Tribunal determinó “que la forma en la que fue aplicada la Ley Antiterrorista a miembros
del Pueblo indígena Mapuche podría haber provocado un temor razonable en otros
miembros de ese pueblo involucrados en acciones relacionadas con la protesta social y la
reivindicación de sus derechos territoriales o que eventualmente desearan participar en
estas”. Por lo anterior, estimó que el Estado había violado el derecho a la libertad de
expresión, en perjuicio de las víctimas.
25. Con la preparación e impulso de estos casos, la Relatoría Especial contribuye a que la CIDH y
la Corte Interamericana dicten importante jurisprudencia sobre los límites y el alcance del derecho a la
libertad de pensamiento y expresión. Los estándares alcanzados aportan un mayor dinamismo al trabajo de
los órganos del sistema interamericano y permiten afrontar nuevos desafíos en la tarea de aumentar el nivel
de protección de la libertad de pensamiento y de expresión en todo el hemisferio.
2. Medidas cautelares
26. La Relatoría Especial ha colaborado, dentro de su mandato, con el Grupo de Protección de la
CIDH en relación con las recomendaciones para la adopción de medidas cautelares en materia de libertad de
expresión. En este sentido, la CIDH ha solicitado en múltiples oportunidades a los Estados miembros de la
OEA que adopten medidas cautelares para proteger el derecho a la libertad de expresión. Así lo hizo, por
ejemplo, en los casos (i) Matus Acuña con Chile 10 ; (ii) Herrera Ulloa con Costa Rica 11 ; (iii) López Ulacio con
Venezuela 12 ; (iv) Peña con Chile 13 ; (v) Globovisión con Venezuela 14 ; (vi) Tristán Donoso con Panamá 15 ; (vii)
Yáñez Morel con Chile 16 ; (viii) Pelicó Pérez con Guatemala 17 ; (ix) Rodríguez Castañeda con México 18 ; (x) Leo
10
Decisión de la CIDH de 18 de junio de 1999 y ampliada el 19 de julio de 1999, solicitando al Estado chileno que adopte
medidas cautelares a favor de Bartolo Ortiz, Carlos Orellana y Alejandra Matus, frente a las órdenes de detención de los dos primeros y la
orden de prohibición de distribución y venta de un texto, derivadas de la publicación del “Libro Negro de la Justicia Chilena”, escrito por
Matus.
11
Decisión de la CIDH del 1º de marzo de 2001, solicitando al Estado de Costa Rica que adopte medidas cautelares a favor del
periodista Mauricio Herrera Ulloa y el representante legal del periódico La Nación, quienes habían sido condenados penal y civilmente en
virtud de la publicación de reportajes contra un funcionario diplomático costarricense, sin que al momento de adopción de las medidas
se hubiesen materializado plenamente dichas condenas.
12
Decisión de la CIDH de 7 de febrero de 2001, solicitando al Estado de Venezuela que adopte medidas cautelares a favor del
periodista Pablo López Ulacio, quien había acusado a un empresario de beneficiarse de contratos de seguro estatales en el contexto de
una campaña presidencial. El periodista fue objeto de una orden judicial de detención y prohibido de mencionar públicamente al
empresario en el diario La Razón.
13
Decisión de la CIDH de marzo de 2003, solicitando al Estado de Chile que adopte medidas cautelares a favor del escritor Juan
Cristóbal Peña, consistentes en levantar la orden judicial de incautación y retiro de circulación de una biografía de una cantante popular,
considerada como una injuria grave.
14
Decisiones de la CIDH de 3 y 24 de octubre de 2003, solicitando al Estado de Venezuela que suspenda las decisiones
administrativas de incautar algunos equipos operativos de la estación de televisión Globovisión, y que se garantice un juicio imparcial e
independiente en el caso.
15
Decisión de la CIDH de 15 de septiembre de 2005, solicitando al Estado de Panamá que suspenda la orden de detención
contra Santander Tristán Donoso, derivada del incumplimiento por este último de una condena pecuniaria impuesta por la supuesta
comisión del delito de injuria y calumnia. Tristán Donoso había denunciado que el Procurador General de la Nación había publicado sus
conversaciones telefónicas.
16
Decisión de la CIDH adoptada luego de la presentación de una petición individual en 2002, a nombre de Eduardo Yáñez
Morel, quien fue procesado por la comisión del delito de “desacato” al haber criticado duramente a la Corte Suprema de Justicia en un
programa de televisión en 2001.
17
Decisión de la CIDH de 3 de noviembre de 2008, en la cual se solicitó al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias
para asegurar la vida y la integridad de José Pelicó y su familia, en razón de las graves y constantes amenazas recibidas por el
comunicador como consecuencia de las investigaciones y publicaciones que realizaba sobre el tráfico de drogas.
15