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696. El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)
resolvió no interponer acción de inconstitucionalidad en contra de tres artículos de la LFTR en los que, entre
otras cosas, se permitiría la reserva general de información de las entrevistas celebradas entre los
comisionados del IFAI y las personas que representen los intereses de los agentes que se encuentran
regulados por el propio Instituto, salvo para las partes en los procedimientos seguidos en forma de juicio, los
demás comisionados, el Contralor Interno y el Senado de la República en caso de un procedimiento para la
remoción de un comisionado; asimismo, se habría establecido el concepto de autoridad competente con
ambigüedad lo cual denotaría la falta de seguridad jurídica en la disposición legal y podría incluso transgredir
el derecho a la protección de datos personales y la inviolabilidad de comunicaciones. La comisionada
presidenta Ximena Puente de la Mora, la comisionada Patricia Kurczyn y los comisionados Eugenio Monterrey
y Francisco Javier Acuña consideraron que los artículos 30, 189 y 190 no vulneran los derechos de acceso a la
información y el de la protección de datos personales. Por su parte, la comisionada Areli Cano y los
comisionados Oscar Guerra y Joel Salas, expusieron que “sí existen elementos técnicos para presentar la
acción de inconstitucionalidad, pues en su opinión los citados artículos no son acordes con los principios y
derechos consagrados en la Constitución ni en los Tratados Internacionales”. Los y las comisionadas que
abogaron por la inconstitucionalidad fundaron su pretensión en que la facultad otorgada a las agencias de
seguridad para obtener la localización geográfica de dispositivos no está sujeta a los criterios de
proporcionalidad, necesidad e idoneidad establecidos en la Constitución mexicana y diversos instrumentos
internacionales en materia de Derechos Humanos. Indicaron también que se vulneraría el debido proceso en
orden a que no sería preceptiva la necesidad de orden judicial para ordenar este tipo de vigilancia y se
habilitaría la afectación de datos personales sensibles de las personas 1184 .
697. De acuerdo con los estándares internacionales, es fundamental establecer las condiciones en
las cuales resulta legítima la implementación de este tipo de programas o normas de vigilancia 1185 . La
interceptación y retención de datos sobre las comunicaciones privadas comporta tanto una limitación directa
al derecho a la intimidad como una afectación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión 1186 .
Particularmente, los Estados deben garantizar que la intervención, recolección y uso de información personal,
incluidas todas las limitaciones al derecho de la persona afectada a acceder a información sobre las mismas,
estén claramente autorizadas por la ley a fin de proteger a la persona contra interferencias arbitrarias o
abusivas en sus intereses privados. La ley deberá atender a un objetivo legítimo y establecer límites respecto
a la naturaleza, alcance y duración de este tipo de medidas, las razones para ordenarlas, las autoridades
competentes para autorizar, ejecutar y supervisarlas y los mecanismos legales para su impugnación 1187 .
698. Asimismo, las decisiones de realizar tareas de vigilancia que invadan la privacidad de las
personas deben ser autorizadas por autoridades judiciales independientes, que deben dar cuenta de las
razones por las cuales la medida es idónea para alcanzar los fines que persigue en el caso concreto; si es lo
suficientemente restringida para no afectar el derecho involucrado más de lo necesario y si resulta
proporcional respecto del interés que se quiere promover. Los procesos de investigación que se lleven
adelante y que impliquen una invasión de la privacidad autorizada por ley y ordenada por un juez
competente deben respetar, además, otras garantías vinculadas al debido proceso 1188 .
C. Asesinatos
1184
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). IFAI-OA/053/14. Resuelve pleno del
IFAI no presentar acción de Inconstitucionalidad en contra de Ley Telecom. 13 de agosto de 2014.
1185
CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (Libertad de
Expresión e Internet). OEA/Ser. L/V/II. 149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párr. 146.
1186
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre la promoción y
protección del derecho a la libertad de opinion y expresión, Frank La Rue. A/HRC/23/40. 17 de abril de 2013. Párr. 3. Disponible para
consulta en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=85
1187
CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (Libertad de
Expresión e Internet). OEA/Ser. L/V/II. 149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párr. 415.
1188
CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (Libertad de
Expresión e Internet). OEA/Ser. L/V/II. 149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013 Párr. 416.
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