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equitativas para este tipo de medios, así como condiciones adecuadas de acceso a las licencias que tomen en
cuenta sus circunstancias. Asimismo, los medios comunitarios deben beneficiarse de procedimientos
equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no deben tener que cumplir con requisitos tecnológicos
o de otra índole que supongan barreras desproporcionadas de acceso a las licencias, y en su funcionamiento
no deben ser objeto de tratamientos diferenciados que no se encuentren adecuadamente justificados 1180 .
692. La CIDH toma nota de la inclusión en la LFTR de varios capítulos destinados a regular el
fenómeno de la concentración, tanto en el sector de la radiodifusión como en el mercado de las
telecomunicaciones. La norma otorga la facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones la capacidad para
declarar “agente económico con poder sustancial” (aquel operador/prestador que domina más de la mitad
del mercado contando todos sus servicios), en los casos de a aquellos operadores cuyo acaparamiento de
frecuencias o poder de mercado afecten la libre concurrencia en todo su sector (Artículos 262 y 264), y
adoptar medidas para detener y revertir progresivamente el proceso de concentración (Artículos 266 y 267).
La declaración de agente sustantivo preponderante deberá adoptarse bajo un proceso reglado que respetaría
el principio del debido proceso (Art. 265). 1181
693. No obstante, la LFTR contempla los mercados de la radiodifusión y las telecomunicaciones
por separado, pero no los desagrega en sus distintos servicios (televisión abierta, por abonados, radio, etc.), lo
que determina que un agente predominante en uno de esos mercados, para el caso que sea preponderante
pero no monopólico, podría igualmente expandirse hacia el otro mercado (de la radiodifusión a la telefonía,
por ejemplo). Distintas organizaciones de la sociedad civil y expertos han advertido de que esta fórmula no es
suficiente para regular el fenómeno de la concentración en mercados cada vez más convergentes 1182 .
694. La necesidad de promover medidas antimonopólicas ya ha sido reconocida por la CIDH, al
aprobar el principio 12 de la Declaración de Principios, según el cual “[l]os monopolios u oligopolios en la
propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto
conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del
derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios
de comunicación.” Al respecto la CIDH y su Relatoría Especial han indicado que, “[s]i [los] medios son
controlados por un reducido número de individuos, o bien por sólo uno, se está, de hecho, creando una
sociedad en donde un reducido número de personas, o sólo una, ejercen el control sobre la información, y
directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas. Esta carencia de pluralidad en la
información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia” 1183 .
695. En relación con el capítulo sobre las obligaciones en materia de seguridad y justicia del título
sobre la colaboración con la justicia de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, esta Relatoría
ya ha manifestado que contiene disposiciones que podrían comprometer el derecho a la intimidad y la
protección de datos personales. Así por ejemplo, el artículo 189 establece que “[l]os concesionarios de
telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos
están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en
los términos que establezcan las leyes”. En este orden de ideas, establece en su artículo 190 fracción I que los
concesionarios de telecomunicaciones deberán “[c]olaborar con las instancias de seguridad, procuración y
administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil,
en los términos que establezcan las leyes”.
1180
CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo VI (Libertad de
Expresión y Radiodifusión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párrs. 92 y ss.
1181
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 14 de julio de 2014.
1182
Observacom. Octubre 2014. La concentración en la televisión de paga en México: implicaciones, problemas y nuevos retos;
Proceso. 12 de enero de 2015. Denuncian trato preferencial del IFT a Televisa
1183
CIDH. Justicia e inclusión social: Los desafíos de la democracia en Guatemala. Capítulo VII (La situación de la libertad de
expresión) OEA/Ser.L/V/II.118. Doc.5rev.1. 29 diciembre 2003. Párr. 419.
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