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internacionales y las leyes aplicables”. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 223 establece que “[l]a
programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la
libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar: I. La integración de las familias; II.
El desarrollo armónico de la niñez; III. El mejoramiento de los sistemas educativos; IV. La difusión de los
valores artísticos, históricos y culturales; V. El desarrollo sustentable; VI. La difusión de las ideas que afirmen
nuestra unidad nacional; VII. La igualdad entre mujeres y hombres; VIII. La divulgación del conocimiento
científico y técnico, y IX. El uso correcto del lenguaje”.
681. Según los estándares interamericanos, es fundamental que el marco legal provea seguridad
jurídica a los ciudadanos y ciudadanas, y determine, en los términos más claros y precisos posibles, las
condiciones de ejercicio y las limitaciones a las que está sometido el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión 1170 . Asimismo, es importante recordar que el Estado debe ser neutral respecto a los contenidos
emitidos por los medios de comunicación, salvo las restricciones expresamente autorizadas en el artículo 13
de la Convención Americana, en consonancia con las normas que integran el derecho internacional de los
derechos humanos y en los términos establecidos por dicha disposición 1171 .
682. En materia de radiodifusión comunitaria, en 2013 México aprobó una reforma constitucional
que en conjunto con la sentencia de la Suprema Corte relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006
abrieron un camino para una regulación equitativa en esta materia. Sobre este tema, la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, reconoció la posibilidad de otorgar concesiones a los pueblos y
comunidades indígenas del país, así como otorgar concesiones para uso social comunitario 1172 .
683. La Ley establece que el Instituto en el caso de concesiones comunitarias e indígenas “estará
obligado a prestar asistencia técnica para facilitarles el cumplimiento de dichos requisitos [para la asignación
de las concesiones], los cuales serán acordes a las formas de organización social y los derechos de los pueblos
y comunidades indígenas” (Art. 85). En este sentido, el Instituto también deberá establecer “mecanismos de
colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas u otras organizaciones
para: I. Promover el otorgamiento de concesiones indígenas; II. Facilitar el otorgamiento de concesiones a
pueblos indígenas en donde tengan presencia y para que trasmitan en sus lenguas originarias, en especial, en
aquellos lugares donde no existan concesiones, y III. Promover que las concesiones de uso social indígenas,
coadyuven a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su
cultura e identidad” (Art. 87).
1170
En el mismo sentido se expresa la jurisprudencia del Tribunal Europeo, en virtud de la cual, la expresión “previsto en la
ley”, con tenida en los artículos 9 y 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales “no sólo requiere que una interferencia a los derechos consagrados en estos artículos esté basada en la ley nacional, sino
que también se refiere a la calidad de la ley en cuestión. Dicha ley debe ser accesible a las personas involucradas y debe estar formulada
con suficiente precisión para permitirles, de ser necesario, preveer, de manera razonable según las circunstancias, las consecuencias que
una acción determinada pueda implicar”. Glas Nadezhda Eood and Elenkov v. Bulgaria, No. 14134/02, § 45, E.C.H.R (11/10/2007).
Disponible en: http://echr.ketse.com/doc/14134.02-en-20071011/view/
1171
CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Marco jurídico
interamericano del derecho a la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 72.
1172
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, 7 de junio de 2007;
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 14 de julio de 2014. “Artículo 67.
De acuerdo con sus fines, la concesión única será: […] IV. Para uso social: Confiere el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones
y radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro. Quedan comprendidas en esta
categoría las concesiones comunitarias y las indígenas; así como las que se otorguen a instituciones de educación superior de carácter
privado. Las concesiones para uso social comunitaria, se podrán otorgar a organizaciones de la sociedad civil que no persigan ni operen
con fines de lucro y que estén constituidas bajo los principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de
género y pluralidad. Las concesiones para uso social indígena, se podrán otorgar a los pueblos y comunidades indígenas del país de
conformidad con los lineamientos que emita el Instituto y tendrán como fin la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su
cultura, sus conocimientos promoviendo sus tradiciones, normas internas y bajo principios que respeten la igualdad de género, permitan
la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que
constituyen las culturas e identidades indígenas”; Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión. 14 de julio de 2014.
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