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autónoma e independiente. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en adelante también “la
LFTR” o “la Ley”) establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones “es un órgano público autónomo,
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene
por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la
radiodifusión […]. El Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso,
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las
redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de
telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales”.
Asimismo, el Instituto es “la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión
y telecomunicaciones” (Art. 7). El Pleno del Instituto es su órgano máximo de gobierno y decisión, que está
integrado por siete comisionados con voz y voto, incluido su presidente (Art. 16) 1167 .
677. Sin perjuicio del avance en materia de libertad de expresión que representa la creación del
Instituto, la Relatoría nota que importantes atribuciones respecto a la potestad regulatoria de los medios de
comunicación se mantuvieron en la órbita del Poder Ejecutivo. En efecto, la Secretaría de Gobernación, que
depende del poder ejecutivo, “sancionará el incumplimiento de lo establecido en [la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión] en materia de contenidos, tiempos de Estado, así como, en su caso,
aquellos previstos en otras disposiciones aplicables; cadenas nacionales, boletines, el Himno Nacional,
concursos, así como la reserva de canales de televisión y audio restringidos” (Art. 297). Asimismo, la
Secretaría de Gobernación, deberá, entre otras disposiciones relacionadas con contenidos audiovisuales,
“[v]erificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación, que se
emitan en términos de la presente Ley, incluidos aquellos relativos a la programación dirigida a la población
infantil, de conformidad con los lineamientos que emita en términos de la presente Ley” (Art. 217).
678. El Instituto por su parte, según las disposiciones generales del régimen de sanciones, tendrá
las facultades para sancionar las infracciones a la Ley, “a las disposiciones administrativas y a los títulos de
concesión o autorizaciones”, así como el incumplimiento “de los tiempos máximos establecidos para la
transmisión de mensajes comerciales y a las obligaciones en materia de defensa de las audiencias” (Art. 297).
679. En sus Declaraciones Conjuntas de 2001 y 2007, los relatores especiales para la libertad de
expresión remarcaron que, las entidades y órganos gubernamentales encargados de regular las políticas de
telecomunicaciones y fiscalizar el cumplimiento de dicha regulación sean independientes, tanto de la
influencia del poder político como de los intereses de los grupos económicos 1168 . En este sentido, la CIDH y su
Relatoría Especial han indicado que es necesario que las reglas que gobiernen la creación y funcionamiento
de este órgano aseguren que el mismo tendrá suficientes garantías funcionales, orgánicas y administrativas
para cumplir sus funciones de manera autónoma e imparcial respecto de los intereses de las mayorías
políticas eventuales o de los grupos económicos 1169 .
680. En relación con la regulación y control de contenidos, la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión en su artículo 222 establece que “[e]l derecho de información, de expresión y de recepción de
contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y
consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de
limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados
1167
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 14 de julio de 2014.
1168
El Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la
Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE) y el Relator Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 20 de noviembre de 2001; Declaración Conjunta
sobre Antiterrorismo, Radiodifusión e Internet; El Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre Libertad de Opinión y de Expresión, el
Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE), el
Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Relatora Especial
sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). 12 de
diciembre de 2007. Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión.
1169
CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo VI (Libertad de
Expresión y Radiodifusión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 52.
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