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integridad personal del defensor de derechos humanos Luis Enrique Uzcátegui y de Carlos
Eduardo Uzcátegui; y del derecho a la libertad de expresión de Luis Enrique Uzcátegui. En
cuanto a este último asunto, la sentencia constata que frente al asesinato de Néstor
Uzcátegui, su hermano, Luis Enrique no sólo denunció los hechos ante la Fiscalía sino que
afirmó, a través de distintos medios de comunicación que, a su juicio, el entonces
Comandante General de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcón era responsable de
varios homicidios ejecutados por “grupos de exterminio” bajo su mando. Con ocasión de
tales afirmaciones Uzcátegui fue intimidado y hostigado. También fue objeto de una
denuncia por el delito de difamación, por parte del Comandante policial concernido. La Corte
dio por probados los hostigamientos y amenazas producidos como efecto de las denuncias
de Uzcátegui. Asimismo, consideró que las afirmaciones realizadas públicamente por Luis
Enrique Uzcátegui podían y debían “ser entendidas como parte de un debate público más
amplio acerca de la posible implicación de las fuerzas de seguridad estatales en casos de
graves violaciones de derechos humanos”. Teniendo en cuenta la relevancia de tales
afirmaciones, la Corte consideró que la existencia del proceso penal, su duración en el
tiempo, y la circunstancia del alto cargo de quien interpuso la querella “pudo haber generado
un efecto intimidador o inhibidor en el ejercicio de [la] libertad de expresión, contrario a la
obligación estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de este derecho en una sociedad
democrática”. Sobre las amenazas e intimidaciones, la Corte, teniendo en cuenta que “es
posible que la libertad de expresión se vea ilegítimamente restringida por condiciones de
facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad
a quienes la ejercen”, consideró que es una obligación de todo Estado “abstenerse de actuar
de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de
adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir violaciones o
proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación”. En el caso concreto, la
Corte consideró que el Estado no demostró “haber realizado acciones suficientes y efectivas
para prevenir los actos de amenazas y hostigamiento contra Luis Enrique Uzcátegui, en el
contexto particular del estado Falcón”, por lo que “no cumplió con su deber de adoptar las
medidas necesarias y razonables para garantizar efectivamente [sus] derechos a la
integridad personal y a la libertad de pensamiento y expresión”, en los términos de la CADH.
- Caso Norin Catriman y Otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena Mapuche) vs
Chile. Sentencia de 29 de mayo de 2014. El caso se refiere a los procesos penales y condenas
impuestas a ocho dirigentes, miembros y activistas del Pueblo indígena Mapuche, como
autores de delitos calificados de terrorismo en aplicación de la Ley 18.314 (conocida como
“Ley Antiterrorista”), en un contexto de protesta social por la recuperación de los territorios
ancestrales de dicho Pueblo Mapuche y el respeto del uso y goce de sus tierras y sus recursos
naturales. En su fallo, la Corte examinó la compatibilidad de las penas accesorias impuestas
en el presente caso en contra de las víctimas, con las cuales quedaron inhabilitados por el
plazo de quince años “para explotar un medio de comunicación social o ser director o
administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o
difusión de opiniones o informaciones”. La Corte consideró que la referida pena accesoria
supone una restricción indebida al ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y
expresión de las víctimas, “no sólo por haber sido impuesta fundándose en sentencias
condenatorias que aplicaron una ley penal violatoria del principio de legalidad y de varias
garantías procesales, sino además porque en las circunstancias del presente caso es
contraria al principio de la proporcionalidad de la pena”. Añadió que dado que las víctimas
son autoridades tradicionales del Pueblo indígena Mapuche a quienes “les incumbe un papel
determinante en la comunicación de los intereses y en la dirección política, espiritual y social
de sus respectivas comunidades”, la imposición de la referida pena accesoria “les ha
restringido la posibilidad de participar en la difusión de opiniones, ideas e información a
través del desempeño de funciones en medios de comunicación social, lo cual podría limitar
el ámbito de acción de su derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el ejercicio de
sus funciones como líderes o representantes de sus comunidades. Esto a su vez incide
negativamente en la dimensión social del derecho a la libertad de pensamiento y expresión,
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