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no cumplió con el requisito de ser necesaria en una sociedad democrática, y constituyó una
violación del artículo 13 de la Convención Americana.
- Caso González Medina y Familiares Vs. República Dominicana. Sentencia de 27 de febrero de
2012. En esta sentencia, la Corte condenó al Estado dominicano por la violación de los
derechos a la libertad e integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad
jurídica de Narciso González Medina. En mayo de 1994 el abogado, profesor y periodista
Narciso González Medina fue desaparecido de manera forzada, sin que hasta la fecha del fallo
de la Corte IDH se tuviese noticia de su paradero. Días antes de su desaparición, González
había publicado un artículo de opinión en una revista denominada La Muralla y había
pronunciado un discurso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en los
cuales denunciaba la corrupción y el fraude electoral. La Corte pudo establecer que el
contexto de la desaparición de González Medina se caracterizó por un “clima de alta tensión
política debido al alegado fraude electoral” en las elecciones de mayo de 1994 en el Estado
dominicano; que para entonces el país “estuvo prácticamente militarizado”; y que fueron
implementados “métodos represivos contra los manifestantes” así como prácticas “de
seguimiento y vigilancia de periodistas y personas críticas del Gobierno”. A pesar de que la
relación existente entre el ejercicio de la libertad de expresión de González Medina y su
desaparición forzada fue alegada por la Comisión, la Corte no declaró la responsabilidad del
Estado dominicano por violación del artículo 13, pues para el alto Tribunal, en este caso,
existía falta de competencia temporal. La Corte consideró que, a pesar de que en casos
anteriores “ha reconocido que cuando la violación del derecho a la vida, la integridad o la
libertad personal tiene como objetivo impedir el ejercicio legítimo de otro derecho protegido
en la Convención […] como el derecho de asociación […] [o] la libertad de expresión, se
configura a su vez una violación autónoma a estos últimos”, en el presente caso no era
posible deferir responsabilidad internacional, porque “el principio de ejecución de la
desaparición forzada [había sido] previo al reconocimiento de la competencia de la Corte”, y
el Estado dominicano no se había allanado a las pretensiones, ni reconocido su
responsabilidad durante el proceso. Por tanto, la Corte carecía de “competencia [temporal]
para conocer de la alegada violación a la libertad de expresión de […] González Medina como
una violación autónoma”.
- Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. El caso
se refiere al ataque perpetrado contra el periodista Luis Gonzalo ‘Richard’ Vélez Restrepo
por parte de soldados del Ejército Nacional colombiano mientras filmaba una manifestación
en la que soldados de dicha institución golpearon a varios de los manifestantes. Se refiere
además a las amenazas y hostigamientos que sufrieron el periodista y su familia, e incluso un
presunto intento de privación arbitraria de libertad contra el periodista, ocurridos mientras
el Sr. Vélez intentó impulsar los procesos judiciales en contra de sus agresores. La Corte
Interamericana encontró al Estado colombiano responsable por violar la integridad personal
y la libertad de expresión del periodista. También encontró al Estado responsable por no
haber protegido adecuadamente al Sr. Vélez ante las amenazas recibidas, y por no haber
investigado eficazmente el ataque que sufrió y los hostigamientos posteriores. La Corte
destacó que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas
que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u
otros actos de hostigamiento”; por tanto los Estados “tienen el deber de brindar medidas de
protección a la vida y la integridad de los periodistas que estén sometidos a [un] riesgo
especial”. Entre otras medidas de reparación, ordenó al Estado “incorporar, en sus
programas de educación en derechos humanos dirigidos a las Fuerzas Armadas, un módulo
específico sobre la protección del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y de la
labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales”.
- Caso Uzcátegui y Otros Vs. Venezuela. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. En esta
sentencia, la Corte condenó al Estado venezolano por su responsabilidad en la violación,
entre otros, del derecho a la vida de Néstor José Uzcátegui; de los derechos a la libertad e
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