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adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en
términos igualitarios, pero también mediante la adopción de medidas necesarias para
garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la situación de vulnerabilidad en que se encuentran
los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales”. Finalmente, la Corte consideró que si
bien el Senador Cepeda Vargas pudo ejercer sus derechos políticos, su libertad de expresión
y su libertad de asociación, “fue el hecho de continuar ejerciéndolos lo que conllevó su
ejecución extrajudicial” lo que implica que el Estado “no generó condiciones ni las debidas
garantías para que (…) el Senador Cepeda tuviera una oportunidad real de ejercer el cargo
para el que fue democráticamente electo, en particular mediante el impulso de la visión
ideológica que representaba, a través de su participación libre en el debate público, en
ejercicio de su libertad de expresión. En última instancia, su actividad fue obstaculizada por
la violencia ejercida en contra del movimiento político al que el Senador Cepeda Vargas
pertenecía y, en este sentido, su libertad de asociación también se vio afectada”.
- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. El caso se refiere
a la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de 70 personas como resultado de
operaciones del Ejército brasileño entre 1972 y 1975 que tenían por objeto erradicar la
denominada Guerrilla de Araguaia, en el contexto de la dictadura militar de Brasil. Asimismo,
el caso presenta la afectación del derecho de acceso a la información que han sufrido los
familiares de las víctimas. A este respecto, la Corte Interamericana reiteró su jurisprudencia
sobre el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, en la que ha sostenido que el
artículo 13 de la Convención Americana protege el derecho que tiene toda persona de
solicitar información que se encuentre bajo el control del Estado, con las salvedades
permitidas bajo el régimen de excepciones de la Convención. Adicionalmente, la Corte
Interamericana estableció que en casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades
estatales no pueden ampararse en mecanismos como el secreto de Estado, la
confidencialidad de la información o en razones de interés público o seguridad nacional,
para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o
administrativas encargadas de la investigación. Asimismo, la Corte sostuvo que cuando se
trata de la investigación de un hecho punible, la decisión de calificar como secreta la
información y negar su entrega, o de determinar si la documentación existe, jamás puede
depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión
del hecho ilícito. Finalmente, la Corte concluyó que el Estado no puede ampararse en la falta
de prueba de la existencia de documentos solicitados por las víctimas o sus familiares sino,
por el contrario, debe fundamentar la negativa a proveerlos, demostrando que ha adoptado
todas las medidas a su alcance para comprobar que, efectivamente, la información solicitada
no existía. En este sentido, la Corte señaló que, para garantizar el derecho de acceso a la
información, los poderes públicos deben actuar de buena fe y realizar diligentemente las
acciones necesarias para asegurar la efectividad del derecho a la libertad de pensamiento y
de expresión, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de
violaciones graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas y la ejecución
extrajudicial que se dieron en este caso.
- Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. El caso se
refiere a la condena civil impuesta a los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico,
director y editor, respectivamente, de la revista Noticias, mediante sentencias dictadas por
tribunales argentinos como responsabilidad ulterior por la publicación de dos artículos, en
noviembre de 1995. Dichas publicaciones se referían a la existencia de un hijo no reconocido
del señor Carlos Saúl Menem, entonces Presidente de la Nación, con una diputada; a la
relación entre el presidente y la diputada; y a la relación entre el primer mandatario y su
hijo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que se había violado el derecho a la
vida privada del señor Menem como consecuencia de aquellas publicaciones. La Corte
Interamericana encontró que la información publicada era de interés público y que además
ya estaba en el dominio público. Por ello, no hubo una injerencia arbitraria en el derecho a la
vida privada del señor Menem. De tal modo, la medida de responsabilidad ulterior impuesta
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