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civil y de periodistas y trabajadores de medios, las cuales también deberían tener garantizada su
participación en la implementación y funcionamiento de dicho programa. Asimismo, la Relatoría Especial ha
reiterado la importancia de que los programas de protección de periodistas tengan en cuenta la necesidad de
garantizar a los y las periodistas la posibilidad de dar continuidad al ejercicio de su actividad profesional y de
su derecho a la libertad de expresión al diseñar las medidas de protección disponibles, llevando en
consideración las circunstancias de cada caso concreto, en consulta a los y las potenciales beneficiarias 1000 .
560. En este sentido, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han
desarrollado algunos de los lineamientos que deben tomarse en cuenta en el diseño y funcionamiento de los
programas de protección a periodistas, entre ellos: 1) el compromiso político del Estado que deberá incluir:
un marco jurídico adecuado; recursos humanos suficientes, entrenados y capacitados, que generen confianza
en los beneficiarios de la protección; recursos presupuestarios necesarios a efectos de cubrir los costos
derivados de los gastos del personal que labora en el programa, así como de los gastos relacionados con las
medidas de protección; la adopción de normas que delimiten con claridad las competencias y
responsabilidades de las autoridades que intervengan en la implementación y vigilancia de las medidas de
protección; 2) que incluya una determinación adecuada de los potenciales beneficiarios y de los fundamentos
en virtud de los cuales el potencial beneficiario puede procurar obtener la protección; 3) que se realice un
análisis de riesgo adecuado que observe una perspectiva de género y que permita al Estado determinar el
modo más efectivo para cumplir su obligación de protección, teniendo en cuenta circunstancias específicas y
propias del contexto y contemplando la participación activa del beneficiario; 4) la provisión de medidas de
protección idóneas y efectivas para proteger tanto la vida como la integridad de los beneficiarios y que
correspondan a las necesidades de trabajo de los y las periodistas, y permitan que continúen su actividad
profesional; 5) criterios y procedimientos claros para monitorear el peligro que enfrenta el beneficiario así
como para monitorear la efectividad de las medidas seleccionadas y, en caso de que no sean efectivas, que
puedan ser ajustadas para atender a la situación concreta que atraviese el beneficiario; 6) realizar una
evaluación del riesgo para decidir sobre la pertinencia de levantar las medidas de protección, y que dicha
decisión cuente con la participación de los beneficiarios con la finalidad de conocer su parecer respecto a
dicho levantamiento; y 7) las medidas materiales de protección deben ir acompañadas de investigaciones
exhaustivas e independientes por los órganos competentes a fin de prevenir y reducir las fuentes
generadoras del riesgo 1001 .
D. Responsabilidades ulteriores
561. La CIDH tuvo conocimiento de la audiencia pública ante la Corte de Constitucionalidad de
resolución de apelación presentada por Francisca Gómez Grijalva, columnista maya del diario Prensa Libre,
que tuvo lugar el 6 de agosto 1002 . El hecho se relaciona con una acción legal presentada ante un Juzgado Civil
en mayo de 2013 por la empresa Cementos Progreso (Cempro) en contra de Gómez Grijalva por una columna
publicada en febrero de 2013 titulada ‘¿Agua o Cemento?’ donde habría hecho mención de las necesidades y
quejas que tienen las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez frente a dicha empresa. En su demanda,
Cempro habría solicitado que Gómez Grijalva realice una declaración jurada de lo expresado en su columna.
El juzgado habría dado trámite en junio de 2013, pero la columnista habría tenido conocimiento recién en
noviembre de ese año. En diciembre de 2013, Gómez Grijalva habría presentado un amparo frente a la Sala
Mercantil del Tribunal de Imprenta con el argumento de que el caso no tendría que haberse admitido en un
juzgado civil. El amparo habría sido rechazado, razón por la cual habría presentado un amparo frente la Corte
de Constitucionalidad la cual habría concedido un amparo provisional desde el 23 de febrero de 2014 1003 .
1000
CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Violencia contra
periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de
la justicia). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párr. 150.
1001
CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Violencia contra
periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de
la justicia). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párrs. 81-84; CIDH. Segundo Informe sobre la situación de las
defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II Doc. 66. 31 de diciembre de 2011. Párrs. 487-531.
1002
Corte de Constitucionalidad República de Guatemala. Vista Pública No. 186 Expediente 2053-2014. 6 de agosto de 2014.
1003
Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI). 11 de agosto de 2014. Francisca Gómez contra Cementos Progreso.
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