GJGgLZ

522. En el mes de junio, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia publicó el Informe Anual
de 2013 de Transparencia Estadística respecto del uso de Competencias de Seguridad Nacional [National
Statistical Transparency Report Regarding the use of National Security Authorities - Annual Statistics for
Calendar Year 2013]. La publicación de estos datos fue una de las medidas de transparencia adoptadas por la
administración del Presidente Barack Obama en el agosto de 2013, a raíz de las primeras revelaciones de los
programas de vigilancia de la NSA de ese año 944 .
523. El 2 de julio la Junta de Supervisión sobre asuntos de Privacidad y Derechos Civiles [Privacy
and Civil Liberties Oversight Board] – una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos – emitió
su informe sobre el programa de vigilancia operado bajo la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia
Extranjera 945 [Report on the Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence
Surveillance] 946 . En su informe, la Junta de Supervisión concluyó que “la obtención de datos a través de PRISM
se encuentra claramente autorizada por la ley y que, en cuanto a la recolección de datos de tipo ‘con respecto
a’ [about], que se produce en el componente upstream del programa, podría interpretarse que la norma
habilita tal obtención del modo en que se implementa actualmente”. 947 Asimismo, si bien reconoció que “la
esencia del programa de la Sección 702 […] se encuadra en el estándar de razonabilidad que contempla la
‘totalidad de las circunstancias’ conforme a la Cuarta Enmienda”, ciertos aspectos de la legislación “aproximan
al programa al límite de la razonabilidad constitucional”, por que realizó recomendaciones para asegurar que
“el programa no se aparte de su finalidad constitucional legítima”. 948
524. La Relatoria reitera que los programas de vigilancia deben ser diseñados e implementados
atendiendo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Particularmente, los Estados
deben garantizar que la intervención, recolección y uso de información personal, incluidas todas las
limitaciones al derecho de la persona afectada a acceder a información sobre las mismas, estén claramente
autorizadas por la ley a fin de proteger a la persona contra interferencias arbitrarias o abusivas en sus
intereses privados. La ley deberá atender a un objetivo legítimo y establecer límites respecto a la naturaleza,
alcance y duración de este tipo de medidas, las razones para ordenarlas, las autoridades competentes para
autorizar, ejecutar y supervisarlas y los mecanismos legales para su impugnación. Asimismo, la ley debe
autorizar el acceso a las comunicaciones y a datos personales solo en las circunstancias más excepcionales
definidas en la legislación. Cuando se invoque la seguridad nacional como razón para vigilar la
correspondencia y los datos personales, la ley debe especificar claramente los criterios que deben aplicarse
para determinar los casos en los cuales este tipo de limitaciones resultan legítimas. Su aplicación deberá
autorizarse únicamente cuando exista un riesgo cierto respecto de los intereses protegidos y cuando ese daño
sea superior al interés general de la sociedad en función de mantener el derecho a la privacidad y a la libre
expresión del pensamiento y circulación de información 949 .
525. Asimismo, la Relatoría ha observado que las decisiones de realizar tareas de vigilancia que
invadan la privacidad de las personas deben ser autorizadas por autoridades judiciales independientes, que
deben dar cuenta de las razones por las cuales la medida es idónea para alcanzar los fines que persigue en el
944
Office of the Director of National Intelligence. 27 de junio de 2014. ODNI Releases Statistical Transparency Report Regarding
Use of National Security Authorities.
945
El Programa permite la obtención de comunicaciones de personas extranjeras específicamente identificadas que se
encuentran fuera de los Estados Unidos, cuando se crea que tales personas probablemente comuniquen información de inteligencia
extranjera, utilizando determinados identificadores de comunicaciones, y supeditado a normas sobre selección aprobadas por el tribunal
de la FISA y a múltiples niveles de supervisión.
946
Privacy and Civil Liberties Oversight Board. Report on the Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 of the
Foreign Intelligence Surveillance Act. 2 de julio de 2014. Ver también: The Washington Post. 14 de julio de 2014. Oversight board says
NSA data mining puts citizens’ privacy at risk but sees no abuse.
947
Privacy and Civil Liberties Oversight Board. Report on the Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 of the
Foreign Intelligence Surveillance Act. 2 de julio de 2014.
948
Privacy and Civil Liberties Oversight Board. Report on the Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 of the
Foreign Intelligence Surveillance Act. 2 de julio de 2014.
949
CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el
estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párr. 415.
182