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- Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Este caso se refiere a un
periodista que había publicado varios artículos reproduciendo la información de algunos
periódicos europeos sobre presuntas actuaciones ilícitas de un diplomático de Costa Rica. El
Estado condenó al periodista por cuatro cargos de difamación. La Corte Interamericana
entendió que la condena era desproporcionada y que vulneraba el derecho a la libertad de
expresión, y requirió, entre otros puntos, la anulación de los procedimientos criminales
contra el comunicador.
- Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Durante la campaña
presidencial de 1993 en Paraguay, el candidato Ricardo Canese hizo declaraciones a los
medios de comunicación contra el candidato Juan Carlos Wasmosy, a quien acusó de estar
envuelto en irregularidades relacionadas con la construcción de una planta hidroeléctrica.
Canese fue procesado y sentenciado en primera instancia a cuatro meses de prisión, entre
otras restricciones a sus derechos fundamentales. La Corte Interamericana encontró que la
condena era desproporcionada y que vulneraba el derecho a la libertad de expresión.
Además, destacó la importancia de la libertad de expresión durante las campañas
electorales, en el sentido de que las personas deben estar plenamente habilitadas para
cuestionar a los candidatos, de manera que los votantes puedan tomar decisiones
informadas.
- Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Palamara, ex oficial
militar chileno, había escrito un libro crítico de la Armada Nacional. El libro dio origen a un
proceso penal militar por “desobediencia” y “quiebre de los deberes militares” que condujo a
que el Estado retirara de circulación todas las copias físicas y electrónicas existentes. La
Corte Interamericana ordenó una reforma legislativa que asegurara la libertad de expresión
en Chile, al igual que la publicación del libro, la restitución de todas las copias incautadas y la
reparación de los derechos de la víctima.
- Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Este caso se
refiere a la negativa del Estado de brindar a Marcelo Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y
Arturo Longton Guerrero cierta información que requirieron al Comité de Inversiones
Extranjeras, relacionada con la empresa forestal Trillium y el proyecto Río Cóndor. A través
de esta sentencia, la Corte Interamericana reconoció que el derecho de acceso a la
información es un derecho humano protegido por el artículo 13 de la Convención Americana.
- Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. El periodista Eduardo Kimel fue
condenado por haber criticado en un libro la actuación de un juez penal encargado de
investigar una masacre. El juez inició un proceso penal en defensa de su honor. La Corte
Interamericana encontró que la sanción al periodista era desproporcionada y que vulneraba
el derecho a la libertad de expresión de la víctima. En esta decisión, la Corte Interamericana
ordenó al Estado, entre otras medidas, reparar a la víctima y reformar la legislación penal
sobre protección a la honra y la reputación por encontrar que vulneraba el principio de
tipicidad penal o estricta legalidad.
- Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009. Esta sentencia se refiere
a la proporcionalidad de las sanciones impuestas a un abogado condenado por los delitos de
difamación e injuria, por haber asegurado en una conferencia de prensa que un funcionario
del Estado había grabado sus conversaciones telefónicas privadas y las había puesto en
conocimiento de terceros. La Corte Interamericana concluyó que el Estado violó el derecho a
la libertad de expresión del abogado, ya que la condena penal impuesta como forma de
responsabilidad ulterior fue innecesaria. La Corte Interamericana estableció también
criterios sobre el carácter intimidante e inhibidor que generan las sanciones civiles
desproporcionadas.
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