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conjunta con el Departamento de Justicia sobre la vigilancia legal por orden judicial de personas
estadounidenses[Department of Justice on Court-ordered Legal Surveillance of U.S Persons] indicando que “es
totalmente falso que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos llevan a cabo vigilancia electrónica de
figuras políticas, religiosos o activistas porque no están de acuerdo con las políticas públicas nacionales,
porque critican al gobierno o por ejercer sus derechos constitucionales” 931 .
518. A raíz de la información divulgada, el 9 de julio, 53 organizaciones de la sociedad civil en los
Estados Unidos dirigieron una comunicación al Presidente de ese país, mediante la cual solicitaron al
gobierno proporcionar una explicación pública completa de estas prácticas, así como fortalecer las
protecciones existentes en contra de la vulneración de libertades individuales y derechos humanos en las
actividades de policía e investigación [law enforcement]. Explicaron que los hechos difundidos por The
Intercept en julio son preocupantes, ya que surgen en un contexto más amplio de abuso por parte de las
autoridades de policía e investigación, las cuales han sujetado a comunidades enteras, particularmente
musulmanes americanos, a vigilancia secreta sobre la base de su raza, religión, etnicidad u origen nacional.
Recordaron que “nadie debe crecer con miedo a las autoridades [law enforcement] ni con miedo a ejercer sus
derechos a la libertad de expresión, asociación y religión”. Si bien reconocieron que “no conocen la escala de
la vigilancia realizada de conformidad con la ley FISA sobre líderes de la comunidad musulmana-americana y
si existe un patrón de abuso discriminatorio en ese contexto particular”, afirmaron que esto se debe al secreto
gubernamental. En tal sentido, manifestaron que no pueden “[c]onfiar en las declaraciones del gobierno
respecto de la imparcialidad y legalidad [de esta práctica] cuando la vigilancia es llevada a cabo sin suficiente
escrutinio público” y solicitaron al gobierno que provea al público la información necesaria para valorar el
reportaje del medio 932 .
519. En el marco de estas revelaciones, el 17 de enero, el presidente Barack Obama ordenó una
transición que pondría fin a la Sección 215 de la Ley Patriota [the bulk telephony metadata program] que
permite la recolección de metadatos telefónicos “tal como existe actualmente” y establecería un mecanismo
que “preserve las capacidades que necesitamos sin que el gobierno conserve estos registros telefónicos”.
Según anunció el mandatario, esta transición se realizaría en dos pasos: como un primero paso en esa
transición, el Presidente habría mandado al Fiscal General que trabajara con la Corte de Vigilancia de
Inteligencia Extranjera [Foreign Intelligence Surveillance Court] para garantizar que “en ausencia de una
verdadera emergencia” [absent a true emergency], los metadatos de telefonía podrían ser consultados solo
después de una decisión judicial de que “[h]ay una sospecha razonable, que el término seleccionado es
asociado con una organización terrorista internacional aprobada”. 933 Asimismo, el Presidente también
instruyó que los resultados de la búsqueda en la base de datos [query results] sean limitados a metadatos
dentro de dos campos de los términos de selección [hops of the selection term] en vez de tres 934 . El segundo
paso anunciado incluiría la instrucción dada al Fiscal General y a las agencias de inteligencia para que
931
Texto original: “It is entirely false that U.S. intelligence agencies conduct electronic surveillance of political, religious or
activist figures solely because they disagree with public policies or criticize the government, or for exercising constitutional rights”. Office
of the Director of National Intelligence. 9 de Julio de 2014. Joint Statement by the Office of the Director of National Intelligence and the
Department of Justice on Court-ordered Legal Surveillance of U.S. Persons.
932
ACLU y otros. Carta dirigida al Presidente, Barack Obama. Re: Secret Surveillance of American Muslim Community Leaders.
9 de julio de 2014.
933
Texto original: “[t]hat there is a reasonable, articulable suspicion that the selection term is associated with an approved
international terrorist organization.” The United States Department of Justice. 8 de diciembre de 2014. Joint Statement From the Office of
the Attorney General and the Office of the Director of National Intelligence on the Declassification of Renewal of Collection Under Section 501
of the Foreign Intelligence Surveillance Act.
934
The White House. 17 de enero de 2014. Remarks by the President on Review of Signals Intelligence; The Washington Post. 17
de enero de 2014. Obama calls for significant changes in collection of phone records of U.S. citizens; CNN. 17 de enero de 2014. Despite
Obama's NSA changes, phone records still collected; IC on the Record. 6 de febrero de 2014. FISC Approves Government’s Request to Modify
Telephony Metadata Program; El País/EFE. 17 de enero de 2014. Obama plantea que Gobierno deje de controlar datos telefónicos que
recoge NSA; The United States Department of Justice. 8 de diciembre de 2014. Joint Statement From the Office of the Attorney General and
the Office of the Director of National Intelligence on the Declassification of Renewal of Collection Under Section 501 of the Foreign
Intelligence Surveillance Act.
180