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465. El 16 de julio el periodista Oscar Martínez, coordinador de la sección ‘Sala Negra’ del
periódico digital El Faro, habría sido retenido por unos 30 minutos por presuntos agentes de la Policía
Nacional Civil (PNC). El medio denunció que el reportero, que retornaba a San Salvador de una cobertura en
el occidente del país, habría sido detenido por los presuntos agentes, quienes alegando que tenían “órdenes
de arriba”, lo habrían interrogado sobre la investigación que había realizado y las fuentes que había
entrevistado. Los agentes, que presuntamente pertenecían al servicio 911 y a la División Antinarcóticos, le
habrían preguntado a Martínez si él era el autor de ciertos reportajes publicados por El Faro relacionados con
el crimen organizado y la Policía en la zona de Santa Ana y Ahuachapán 831 .
466. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala: “[e]l
asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de
los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la
libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y
asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
C. Acceso a información pública
467. La Relatoría fue informada sobre posibles limitaciones en la implementación de la ley de
acceso a la información pública. De acuerdo al Grupo Promotor de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, los organismos estatales
estarían recurriendo en exceso a la categorización de la información pública como reservada. Por otra parte,
el Grupo Promotor ha señalado que el Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP), encargado de
fiscalizar el cumplimiento de la ley, carecería de presupuesto suficiente para su funcionamiento adecuado 832 .
El mismo problema ha sido señalado desde el propio Instituto. El Comisionado que lo preside, Carlos Ortega,
ha indicado que el bajo presupuesto les impide realizar una mayor labor de control y que están pendientes de
un refuerzo presupuestario a consideración del Parlamento 833 .
468. El medio periodístico El Faro denunció reiteradas evasivas de las Instituciones estatales a
contestar sus solicitudes de acceso a la información pública. Sostienen, entre otras cosas, que hay un uso
abusivo del artículo 21 de la ley 834 , que permite que determinada información se declare reservada. De
acuerdo a una investigación realizada por el medio, buena parte de la información que se mantiene en reserva
está relacionada a la utilización de fondos públicos 835 .
amenazas en contra del director de diario digital la página; La Página. 18 de febrero de 2014 (Último actualización). Director de Diario La
Página recibe mensaje sobre amenazas de dirigente político;.
831
El Faro. 16 de julio de 2014. Policías de la DAN acosan a periodista de El Faro; Asociación de Periodistas de El Salvador
(APES). 17 de julio de 2014. Comunicado de prensa; El Salvador.com. 17 de julio de 2014. Periódico El Faro denuncia acoso a periodista.
832
El Salvador. 29 de septiembre de 2014. Advierten sobre faltas en Ley de Información; El Salvador.com. 6 de junio de 2014.
LAIP: Excesivas reservas afectan acceso a la información.
833
El Salvador. 29 de septiembre de 2014. Remueven a varios oficiales de acceso a la información; El Salvador.com. 6 de junio de
2014. LAIP: Excesivas reservas afectan acceso a la información.
834
Ley de Acceso a la Información Pública 8 de abril de 2011. Disponible para consulta en
http://www.redipd.org/legislacion/common/legislacion/elsalvador/Decreto_N534.pdf “Declaración de reserva. Art. 21.- En caso que
estime que la información debe clasificarse como reservada, la entidad competente deberá motivar en su resolución que se cumplen los
siguientes extremos:
esta ley.
a. Que la información encuadra en alguna de las causales de excepción al acceso a la información previstas en el artículo 19 de
b. Que la liberación de la información en referencia pudiera amenazar efectivamente el interés jurídicamente protegido.
c. Que el daño que pudiera producirse con la liberación de la información fuere mayor que el interés público por conocer la
información en referencia.
835
El Faro. 19 de octubre de 2014. Así obstaculiza el gobierno el acceso a la información.
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