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desnaturalización del significado del proceso de justicia indígena, para lo cual están en la obligación de
aplicar de manera estricta los principios de verificación, contextualización y veracidad, debiendo para el
efecto, previa autorización de las autoridades indígenas concernidas, documentar y presentar los aspectos
relevantes del procedimiento de administración de justicia indígena, de manera integral, y no solo difundir un
aspecto aislado, como el ritual de sanción, evitando de esta manera atentar contra el derecho a una
información constitucionalmente protegida” 793 .
440. El abogado de la empresa Sky Jet Elite Corporation, propiedad de un empresario
ecuatoriano, habría iniciado una acción penal en contra del periodista Emilio Palacio y el ex asambleísta
Cléver Jiménez por el presunto de delito de asociación ilícita. La denuncia indicaría que Palacio habría
recibido información de Jiménez y que ambos habrían contactado a un periodista de una cadena de televisión
y entregado la información que indicaría que un avión de la empresa Sky Jet habría transportado a
funcionarios del gobierno sin registrar su identidad 794 .
441. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho
penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos es desproporcionada y vulnera por ello el
derecho a la libertad de expresión 795 . En particular, la Comisión ha sostenido que resulta desproporcionado el
uso del derecho penal para proteger la honra de servidores públicos frente a las denuncias relacionadas con
el ejercicio de sus funciones, formuladas ante las autoridades correspondientes. Según la Comisión, la
imposición de sanciones penales por las expresiones utilizadas en las denuncias ante las autoridades, puede
conducir a impedir o inhibir el control social sobre los funcionarios públicos 796 .
442. A este respecto, el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
de la CIDH sostiene que: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la
sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente
conocidas como 'leyes de desacato' atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Por
su parte, el principio 10 de la misma Declaración establece que la protección a la reputación debe estar
garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario
público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés
público.
J. Cadenas Presidenciales e interrupción gubernamental de espacios informativos
443. Durante el año 2014, el gobierno continuó con la práctica de emitir mensajes obligatorios
para ordenar la publicación de la opinión oficial en medios privados de comunicación. Durante los últimos
años el gobierno ecuatoriano ha utilizado de forma sostenida este tipo de transmisiones, que le permiten
intervenir directamente en los contenidos de radio y televisión sin ninguna limitación para expresar su punto
de vista o cuestionar a periodistas y organizaciones que han emitido informaciones críticas al gobierno.
Algunos ejemplos se presentan a continuación:
444. El 11 de enero la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) habría ordenado la
transmisión de una cadena gubernamental durante la última edición del programa ‘30 Minutos Plus’, de la
cadena televisiva Teleamazonas, conducido por la periodista Janeth Hinostroza. La cadena obligatoria, de
793
Corte Constitucional del Ecuador. SENTENCIA N. o 113-14-SEP-CC. CASO N. o 0731-10-EP. 30 de julio de 2014.
794
El Telégrafo. 18 de agosto de 2014. Abogado de Sky Jet Elite presentó denuncia contra Cléver Jiménez y Emilio Palacio; El
Ciudadano. 18 de agosto de 2014. Sky Jet Elite presentó denuncia contra Cléver Jiménez y Emilio Palacio; Infogamatv/You Tube. 19 de
agosto de 2014. Empresa de aeronaves presentó denuncia a Emilio Palacio y Cléver Jiménez.
795
CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V (Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. Doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995.
796
CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Marco Jurídico
Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 112.
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