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espectro radioeléctrico, éstos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al
Estado que lo destinará a proyectos de inversión social y de desarrollo de las telecomunicaciones, en especial
la universalidad del servicio. Dichos proyectos deberán ser armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo.
Las obligaciones de orden laboral contraídas con sus trabajadores por estas empresas, serán de su exclusiva
responsabilidad y de ninguna manera se harán extensivas al Estado”. En la exposición de motivos se
establecería que “se hace imperativo ajustar la normativa específica que regula la prestación de servicios
públicos, así como la explotación, uso y beneficio de recursos naturales de propiedad del Estado”. Asimismo,
se señalaría que resulta notorio que la legislación relacionada al sector de las telecomunicaciones no ha sido
ajustada al nuevo marco constitucional “por lo que se genera un diferencia entre los trabajadores de otros
sectores estratégicos, tales como la minería y los hidrocarburos, con relación a los que prestan servicios a
empresas que usan el espectro radioeléctrico como consecuencia de la prestación de servicios de
telecomunicaciones” 775 .
G. Acceso a la información
427. El 12 de septiembre la Asamblea Nacional publicó en el Registro oficial, el Código Orgánico
Monetario y Financiero, aprobado el 24 de julio. El artículo 17 sobre “información reservada” señala que
“[c]on el objeto de precautelar la sostenibilidad monetaria, financiera, de seguros y valores, la Junta podrá
calificar motivadamente como reservada la información relacionada con los ámbitos de su gestión, de
conformidad con el procedimiento que establezca para el efecto” 776 .
428. El artículo 355 de la misma normativa establece que “[n]inguna persona natural o jurídica
que llegase a tener conocimiento de información sometida a sigilo o reserva podrá divulgarla en todo o en
parte. El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado por este Código, sin perjuicio de la
responsabilidad penal respectiva”. En este sentido, el artículo 272 establecería que la sanción correspondería
a “una multa de veinte y cinco salarios básicos unificados, sin perjuicio de la responsabilidad penal que
corresponda” 777 .
429. Según los estándares interamericanos el derecho de acceso a la información, en tanto
elemento constitutivo de la libertad de expresión protegido por la Convención Americana, no es un derecho
absoluto, sino que puede estar sujeto a limitaciones. No obstante, tales limitaciones deben dar cumplimiento
estricto a los requisitos derivados del artículo 13.2 de la Convención Americana, esto es, condiciones de
carácter excepcional, consagración legal, objetivos legítimos, necesidad y proporcionalidad. En este preciso
sentido, el principio 4 de la Declaración de Principios dispone que, “[e]l acceso a la información […] sólo
admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista
un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas” 778 .
430. En igual sentido, la Relatoría recuerda, como lo expresó en la declaración conjunta sobre
Wikileaks (2010) y en la declaración conjunta sobre programas de vigilancia (2013), que es responsabilidad
exclusiva de las autoridades públicas, sus funcionarios o contratistas mantener la confidencialidad de la
información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras personas, como los
periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y
difundan información reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a sanciones por
violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los
denunciantes (“whistleblowers”) que, siendo empleados o contratistas gubernamentales, divulguen
información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una
amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente o violaciones de derechos humanos o del
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Asamblea Nacional. Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Telecomunicaciones. 14 de julio de 2014. Disponible para
consulta en: http://www.asambleanacional.gob.ec/module-proceso-de-ley.
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Asamblea Nacional. Código Orgánico Monetario y Financiero. 12 de septiembre de 2014.
777
Asamblea Nacional. Código Orgánico Monetario y Financiero. 12 de septiembre de 2014.
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CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El derecho de acceso a la información en el marco jurídico
Interamericano, Segunda Edición. OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 9/12. 7 de marzo de 2011. Párr.45.
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