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eferían las resoluciones anuladas. El 7 de octubre de 1999, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la
República solicitó a la Comisión Nacional de Televisión que autorizara la concesión de un espacio para
transmitir una alocución presidencial, en principio a las 8:00 pm y posteriormente modificó el horario a las
9:30 p.m. “decisión que no se notificó oportunamente” a Caracol Televisión S.A. Dicho canal no pudo realizar
la transmisión simultáneamente con los demás canales, debido a que en ese horario estaba emitiendo un
evento deportivo en vivo y decidió no interrumpirlo. Caracol Televisión transmitió la alocución presidencial
referida a las 10:35 pm. Mediante resolución del 15 de febrero de 2000, la Junta Directiva de Comisión
Nacional de Televisión impuso una multa a Caracol Televisión S.A por valor de 91.452.693,00 pesos
colombianos. El Consejo de Estado indicó que las decisiones administrativas de la Secretaría de Prensa de la
Presidencia de la República relativas a transmisión de la alocución presidencial y su cambio de horario, no
tuvieron un mínimo fundamento jurídico que permitiera afirmar que se ampararon en alguno de los criterios
establecidos bien por la Corte Constitucional 473 o por la Convención Americana y su Corte, respecto de las
restricciones jurídicamente admisibles al derecho a la libertad de expresión.
243. En su decisión, el Consejo de Estado realizó un control difuso de convencionalidad y destacó
varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión.
Entre otras cosas, indicó que “los medios de comunicación, en tanto son empresas destinadas a la prestación
de servicios de información, culturales, de entretenimiento, etc., encuentran su fundamento jurídico
sustantivo y su razón de ser en el derecho humano fundamental a la libertad de expresión. En este sentido, el
medio de comunicación, en cuanto empresa, hace parte de la configuración del artículo 13 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, sustentando de esta manera sus propósitos y finalidades, y en estos
términos debe tratársele y garantizársele su funcionamiento en los Estados miembros del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos”. De igual forma, destacó que “la actividad de las autoridades tanto
legislativas como administrativas en cuanto al régimen sustancial y de restricciones a la libertad de
información debe circunscribirse a los parámetros convencionales”. En este sentido, indicó que “los medios
de comunicación encuentran protección jurídica a partir del artículo 13 de la Convención y, por tanto […]
cualquier limitación a este derecho debe encuadrarse dentro de alguno de los supuestos reseñados en la
Convención […]. Súmese la necesaria observancia de un juicio de proporcionalidad, destacándose el criterio
de “necesidad social imperiosa” como el único que habilita para la restricción a la libertad de expresión”.
244. En relación con las competencias del Presidente de la República, indicó que:
“se encuentra facultado por la ley para hacer alocuciones en la televisión, pues esta facultad es otra
manera de garantizar el derecho de los asociados a la información y a su vez le permite al Presidente
cumplir con algunas de las funciones que le asigna la Constitución, pero esa facultad no es omnímoda
ya que encuentra naturales limitaciones en los principios, valores, derechos y libertades que la
Constitución y la convencionalidad consagran, amén de estar sometida al cumplimiento del deber de
motivar la decisión de hacer la alocución por el medio televisivo y que tal motivación esté
fundamentada en alguna de las limitaciones fijadas por la Convención Americana respecto de la
libertad de expresión, como es el respeto a los derechos y la reputación de los demás o la protección
a la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública, además de estar conforme con el
juicio de proporcionalidad que ha sido decantado por la Corte Interamericana en su jurisprudencia
constante. Con otras palabras y a manera de síntesis, si el Presidente de la República al hacer una
alocución televisiva no se ajusta a las condiciones previstas en la ley y señaladas por la Convención y
la Constitución, su intervención será ilegal y dará lugar a una indemnización en favor del operador
del servicio” 474 .
260002000 0133501. Disponible para consulta en: http://www.consejodeestado.gov.co/consultaproce.php
473
El Consejo de Estado indicó, con base en la Sentencia C-1172 del 8 de noviembre de 2001 de la Corte Constitucional, que "la
facultad del Presidente de la República para intervenir en la televisión en cualquier momento está sometida a cuatro condiciones
estrictas: (i) Que sea personal; (ii) Que verse sobre asuntos urgentes de interés público; (iii) Que sea necesario informar estos asuntos
para la real y efectiva participación de los ciudadanos en la vida colectiva; y (iv) Que se relacione con el ejercicio de sus funciones”.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. 12 de noviembre de 2014. Número Único de Radicación: 25000 23 26 000
2000 01335 01. Disponible para consulta en: http://www.consejodeestado.gov.co/consultaproce.php
474
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. 12 de noviembre de 2014. Número Único de Radicación: 25000
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