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informe, durante 2014 al menos 25 personas, la mayor parte de ellas periodistas, habrían sido asesinadas en
la región, y varias más habrían sido desaparecidas o desplazadas de sus lugares de trabajo, por motivos que
podrían estar relacionados con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión Los Estados tienen la
obligación de proteger a los periodistas que se encuentran en un riesgo especial por ejercer su profesión, así
como de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos, no sólo para reparar a las víctimas
y sus familiares, sino también para prevenir la ocurrencia de hechos futuros de violencia e intimidación.
Asimismo, en este capítulo la Relatoría Especial considera importante llamar la atención sobre otros
obstáculos al pleno ejercicio de la libertad de expresión en las Américas, como la aplicación de la legislación
penal para enjuiciar a quienes han hecho declaraciones que ofenden a los funcionarios públicos, el uso de
declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación por parte de altas autoridades
estatales, y el empleo de mecanismos de censura directa e indirecta para condicionar el libre flujo de la
información. Igualmente, el informe identifica algunos de los obstáculos que persisten en la región para lograr
una diversidad y pluralismo de voces en la radiodifusión.
7. El Capítulo III de este informe pone a disposición de los Estados y de la sociedad civil de la
región, principios generales de protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el marco
del proceso de la transición hacia la radiodifusión digital. Estos principios buscan servir de guía a gobiernos,
órganos legislativos y administrativos, tribunales y sociedad civil, para allanar el camino en este escenario
conceptual y técnicamente novedoso y promover la revisión y adopción de legislación y prácticas, en aras de
lograr el pleno respecto al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y una mayor inclusión de actores
en este proceso. El informe ofrece a los Estados una serie de recomendaciones con el propósito de que
puedan aprovechar el cambio tecnológico para dotar de mejor diversidad y pluralismo a los medios
audiovisuales.
8. En su Capítulo IV el informe pone de presente los aspectos más importantes del diseño
institucional disponible para la supervisión, cumplimiento y resolución de controversias para el ejercicio
efectivo del derecho de acceso a la información pública en algunos de los Estados miembros de la OEA que
cuentan con órganos garantes en materia de acceso a la información pública. Finalmente, el informe culmina
con un capítulo de conclusiones y recomendaciones. El objetivo de esta práctica es entablar un diálogo fluido
con los Estados miembros que permita convertir a las Américas en un ejemplo en materia de respeto,
garantía y promoción del derecho a la libertad de expresión.
9. La intensa labor desarrollada por la Relatoría Especial le ha permitido consolidarse como
una oficina experta a cargo de la promoción y el monitoreo del respeto a la libertad de expresión en el
hemisferio. Este posicionamiento ha generado, a su vez, un incremento sustancial en las expectativas de la
sociedad regional sobre la labor y desempeño de la Relatoría Especial. Para hacer frente a esta demanda, es
necesario dar atención no sólo al apoyo institucional y político de la Relatoría Especial, sino también a su
respaldo financiero, pues sin éste no sería posible su funcionamiento ni el despliegue de las actividades que
exige su mandato. Es importante exhortar, una vez más, a los Estados miembros de la OEA a seguir los pasos
de aquellos países que han respondido al llamado de las cumbres hemisféricas de apoyar a la Relatoría
Especial. El Plan de Acción aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Tercera Cumbre de las
Américas, celebrada en Québec en abril de 2001, establece que, “para fortalecer la democracia, crear
prosperidad y desarrollar el potencial humano, los Estados apoyarán la labor del sistema interamericano de
derechos humanos en el área de libertad de expresión, a través del Relator Especial de la CIDH para la
Libertad de Expresión”.
10. En julio de 2014, a través de concurso público y abierto, la CIDH eligió al periodista y
abogado uruguayo Edison Lanza como nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión. Lanza asumió el
cargo el 6 de octubre, en relevo de la abogada colombiana Catalina Botero quien estuvo al frente de la
Relatoría Especial desde el 2008 por dos periodos consecutivos de tres años, de conformidad con el
Reglamento de la CIDH.
11. El Relator Especial, Edison Lanza, agradece la confianza de la CIDH y al equipo de trabajo de
la Relatoría Especial por la labor comprometida y ejemplar que ha llevado a cabo. Este informe anual es fruto
de su esfuerzo y dedicación.
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