Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

grafa y grafanor
permuta por el cual el inmueble de dominio público pasaba a manos de
Grafanor “sin tener la legitimidad constitucional de hacerlo”. Cuando la
compañía vendió a Santista de Brasil los terrenos, vendió el camino, que
todavía permanece cerrado al pueblo. Sin embargo, cuando una autoridad
pública quiso efectivamente otorgar un uso púbico al camino apropiado
por la compañía, la reacción de la empresa fue distinta a la que
mantuvo apenas iniciado el golpe, demostrando asimismo la fuerza de la
autoridad privada, que podría haber evitado que dicho camino en litigio
fuera utilizado por la represión. Recordaba el memorándum:
Sr. Intendente municipal, sobre este punto, debido a que a
mediados del mes de mayo del año en curso [1980], cuando
esa municipalidad por orden de Ud. dio instrucciones para que
el obrero maquinista municipal don Enrique Salas arreglara el
camino en cuestión con una motoniveladora de ese municipio;
y mientras así lo hacía abovedando al mismo, para formar las
cunetas de ambos lados. Entonces, en esos momentos al escucharse
los ruidos de la máquina, que se sintieron en la fábrica
que se encuentra ubicada a los 100 metros, salió de la misma en
un automóvil color rojo el Ejecutivo Gerente, Contador Sr. Aldo
Formica, se arrimó en el vehículo hasta el obrero Salas, lugar
en donde se encontraba trabajando con la motoniveladora. Le
ordenó de inmediato el cese de los trabajos, argumentándole
que el camino de referencia era privado de la firma y no público,
y nada tenía que hacer porque el Directorio de un momento a
otro lo cerraría en forma definitiva. De esta forma el citado obrero
abandonó el trabajo ordenado por Ud.
Aclaraba el memo que “… los vecinos de esta zona no están en contra de
Grafanor, ni menos de sus intereses”, aunque sí se manifestaban “en contra
de una injusticia social, y de los atropellos arbitrarios que la firma a toda
costa y por cualquier medio posible quiere ejecutar…”. Todavía en 1988,
Grafanor ante el aumento de las tensiones suscitadas por el mismo conflicto,
era denunciada por poner “un servicio de vigilancia con guardias armados
impidiendo el tránsito normal de los vecinos y obligados a desviar
el recorrido con 1700 metros adicionales de distancia”. (156) Se agregaba a
ello que la misma acta notarial de 1978, que concedía los terrenos definitivamente,
indicaba que la Dirección General Impositiva, por resolución
(156) Carta de vecinos al intendente de Famaillá, Julio Orlando Salomón, 18/04/1988, ibid.
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado
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