Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

Zona norte de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y sur de Santa Fe
situación, Grafanor construyó otro camino a unos 500 metros de distancia,
lo que obligaba a un desvío de, al menos, 1 km. “Ante esta maniobra silenciosa
de Grafanor, la gran mayoría de los vecinos del lugar comenzaron
por hacer reuniones para tratar sobre esta cuestión”, historizaban los denunciantes.
Unas 50 personas se entrevistaron con el entonces intendente
Gerardo Santiago Coria, con quien tuvieron enfrentamientos verbales
cada vez más intensos. Hacia noviembre de 1972, la empresa ordenó a sus
operarios cubrir el terreno con agua putrefacta, para volverlo intransitable
por su estado fangoso, pero como los pobladores siguieron utilizándolo,
lo cerró de forma definitiva. Nada impidió que los vecinos insistieran, cortando
los alambres y refaccionando el camino, pero ninguna autoridad
provincial revió la medida dictada por Coria ni atendió el pedido de enripiar
el camino original. (155) Se comentaba en el memorándum:
Producido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el nuevo
intendente, interventor militar en la municipalidad, mayor don
Miguel Alfredo Paz, que alcanzó a permanecer desde fines de
marzo hasta mediados de abril de 1976, ante su requerimiento
de los vecinos en un pedido que le formulamos en audiencia
concedida, nos hizo atender enripiando totalmente el camino,
que por esa misma vía de acceso en litigio circularon los efectivos
policiales y de las Fuerzas Armadas en la época de la Subversión
(…) Todos los intendentes que se sucedieron a excepción
del mayor Paz y de Ud. Sr. Intendente Caro, no hacen más
que reafirmar lo sustentado por la firma textil Grafanor.
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Lo interesante de lo mencionado hasta el momento es que el conflicto entre
la empresa y los vecinos derivó en el uso de un camino concedido por
el municipio a Grafa para la acción represiva. La empresa que se mantenía
hasta entonces firme en su postura de vedar el camino al uso público, al
parecer permitió a la primera autoridad militar durante el golpe de Estado
a acceder al reclamo vecinal, pero en beneficio de la propia represión.
Con posterioridad, la empresa volvería a hacerse del camino. En efecto, el
29 de diciembre de 1978, por escritura pública Nº 521, firmada por Carlos
Alberto Martínez Santamarina, en nombre del municipio, y por Floreal Alberto
Perotti, en representación de Grafanor, se concretó un contrato de
(155) Memorándum, petitorio dirigido al intendente Francisco Hugo Caro, 15/09/1980. La
medida a la que se aludía, dictada por Coria, había sido oficializada el 20/02/1973 y autorizaba
a “sancionar y promulgar una ordenanza mediante la cual se aprueba el plano de mensura,
unificación y división de las distintas fracciones de terreno propiedad de Grafanor”, ibid.