Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

grafa y grafanor
portería los motivos del rechazo, se le explicó que tenía malos antecedentes
y se le sugirió que no buscara trabajo por ninguna parte. (153) Los
familiares de José Patrocinio Luna, detenido y luego exiliado, sufrieron
también la persecución política y sindical, siendo su hermano Ramón
Nicolás obligado a renunciar a Grafanor. Cuando se presentara al poco
tiempo una situación recesiva para la industria textil, la empresa estuvo en
mejores condiciones para enfrentar el nuevo escenario ajustando sobre un
colectivo obrero “descabezado” y amenazado, que mal pudo sobrellevar
las suspensiones y los cierres temporales y hasta definitivos de las fábricas
desde 1978 en adelante.
Por último, debemos pensar la situación planteada respecto de cierto beneficio
obtenido por Grafa en Tucumán al apropiarse de un terreno público,
cuya cesión se consolidó en tiempos de dictadura. En 1970, la compañía
adquirió dos predios donde proyectaba la instalación de su planta en
Famaillá. Dichos terrenos estaban divididos por un largo camino de unos
800 metros de largo, que comunicaba a un barrio entero con la Escuela
Nº 298 “José Hernández” y otro sector del pueblo, cruzando la ex ruta 38.
Dicho terreno fue de inmediato cerrado por la empresa para unificar los
terrenos y la prerrogativa auto-adjudicada fue oficialmente cedida en los
últimos tiempos de la dictadura de Agustín Lanusse. Este era el conflicto
entre la empresa y la comunidad al que se refirió en su testimonio Oscar
Santucho y sobre el cual se explayó al presentar documentación relativa
a los dominios de aquellos terrenos. En efecto, en septiembre de 1980,
todavía los vecinos se quejaban por la actitud de Grafanor y se dirigían
en carta, representados por Juan Antonio Rueda, al intendente Francisco
Hugo Caro. (154) En dicho memorándum, comentaban los vecinos la historia
del predio desde 1952 cuando la ex Compañía Azucarera Tucumana, de la
firma Torquinst SA, vendió todas sus tierras a distintos compradores. Estos
terrenos fueron comprados por dos vecinos y divididos por un camino vecinal
de 800 metros, y luego comprados por Grafanor en febrero de 1970.
A fines de 1972, Grafanor lo cerró con mallas metálicas y ordenó el total
desmantelamiento del alambrado que dividía la tierra pública de la privada,
no obstante lo cual los vecinos siguieron utilizándolo. Para paliar la
(153) Denuncia de José Fernando Rodríguez, 15/06/2006, legajo SDH 3631, José Fernando
Rodríguez, sobreviviente.
(154) Carta de Juan Antonio Rueda a Francisco Hugo Caro, 12/09/1980, en legajo SDH 3618,
Orlando Héctor Santucho.
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado
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