Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

grafa y grafanor
Tucumán, también lo hizo al gerente general de la fábrica Confecciones
Tucumán. Este último respondió desde Famaillá, el 11 de junio. La carta en
nombre de Confecciones de Tucumán era escrita desde Grafa SA, en cuyo
membrete indicaba que las tres plantas de Capital Federal, de Famaillá
y de La Banda, pertenecían al mismo dueño. Allí indicaban que ambos
trabajaban en la planta desde el 1 de agosto de 1970, María Cristina, y
desde el 27 de octubre de 1972, Eduardo. (89)
Eduardo Nicanor Giménez tenía entonces 22 años. Cuando asumió funciones
gremiales, comenzó la tirantez con la empresa, registrándose en
su legajo personal numerosos telegramas de suspensión, apercibimientos
y reprendas de distinto tipo, así como también los pedidos de licencia
gremial emitidos por la Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio,
sindicato al que pertenecía. A los dos días de ser secuestrado, la empresa
escribió el telegrama: “Faltando sin aviso y sin causa justificada desde
fecha 5 del cte. instruímosle reanudar tareas plazo 48 hs. Caso contrario
consideraremos abandono de servicios…”. Cuando su padre pidió el certificado
de trabajo, un año y medio más tarde, la empresa puso como
fecha de fin de tareas el 4 de enero de 1977. En el caso de María Cristina
Aráoz, también mantuvo numerosos conflictos con la empresa, incluso
cuando esta estaba bajo nombre de Fabuloso de Tucumán SAIC. Apenas
ingresada (había entrado el 1 de agosto), el 21 de agosto de 1970, fue
“severamente amonestada” por “falta de contracción en el trabajo” y se
le advertía que en caso de repetición sería suspendida. Con posterioridad
sería advertida, amonestada y suspendida en diversas circunstancias
y por diversos motivos: por llegar tarde, por falta de trabajo, entre otras
razones. En muchas ocasiones adujo problemas de salud, adjuntando los
distintos partes médicos. Ya para octubre de 1975, como su compañero,
María Cristina presentaba constancia de labores gremiales para excusarse
por las inasistencias al trabajo. Estaban en medio de un conflicto. Una
semana más tarde, el 28, María Cristina fue acompañada por sus compañeras
delegadas internas de la fábrica, Ramona Moreno de Valdéz y Nilda
Leguizamón Vallejos. Era una reunión de conciliación con el apoderado
de Confecciones Tucumán, Esteban Medina García. Recién el 27 de enero
de 1976, María Cristina recibió de la empresa su carnet de identificación.
Un año más tarde sería desaparecida. Cuando Juan Carlos Bollea pidió el
certificado de trabajo, el 18 de septiembre de 1980, la fecha de último día
(89) Carta del 29/03/1984, ibid.
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado
573