Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

Zona norte de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y sur de Santa Fe
jefes de personal de la zona y personal del Ejército para determinar y resolver
situaciones conflictivas en el ámbito laboral.
Lo sucedido con Francisco Palavecino también se puede analizar bajo este
aspecto: desde el sindicato se le ordena reincorporarse a sus tareas en
Lozadur y unas semanas más tarde resulta secuestrado. La comunicación
firmada por Milark tiene fecha del 2 de septiembre de 1977. Allí se le comunicaba
que cesaban sus funciones en el gremio, debiendo reincorporarse
a su puesto de trabajo en Lozadur. (73)
Asimismo, resulta interesante un documento de DIPBA, del 11 de junio
de 1980, en el que el jefe de la delegación en Tigre, comisario Domingo
La Torre, elevaba información al director general de Inteligencia de
La Plata sobre las actividades de infiltración que comenzaban a realizar
en mayo de 1980 entre un grupo de familiares ligados al Partido Comunista
en la Iglesia San Vicente de Pauls del barrio Villa Negri de Zárate.
(74) Allí los agentes mantuvieron entrevistas con una militante del PCR
llamada Carmen. Luego señalaban que esta mujer había trabajado en
Lozadur, siendo despedida casi simultáneamente en el momento que
desaparecieron cinco compañeros suyos de la fábrica. Para identificarla
accedieron a los legajos del personal despedido de Lozadur, pudiendo
establecer de quién se trataba: una mujer ingresada a la fábrica con recomendación
del obispo de Morón y despedida el 7 de octubre de 1977
por su actividad militante.
Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica
A estas evidencias de involucramiento de la empresa en las actividades
represivas sobre los trabajadores ceramistas, debemos volver a analizar el
documento reservado remitido el 14 de junio de 1978 al Departamento de
Estado de la Embajada de Estados Unidos. Como ya señalamos, el informe
se refería a las desapariciones de noviembre de 1977 y se nutría de una
fuente considerada “fiable”, con estrecho contacto con la dirección de la
empresa. Allí se señalaba que si bien esta fuente decía que algunos trabajadores
habían escapado, otra informaba que habían sido ejecutados de
inmediato. Se explicaba que los operativos militares habían sucedido en
un contexto de fuerte conflicto laboral, con gran participación femenina,
donde los trabajadores exigían mayores salarios y mejores condiciones de
(73) Legajo Conadep 0219 perteneciente a Francisco Palavecino.
(74) Informe DIPBA, mesa varios, sección G, asunto actividad del PCR, en causa 4012, caratulada
“Riveros, Santiago Omar y otros...”, fs. 697-702, cit.
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