Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

Zona norte de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y sur de Santa Fe
la obra social. (222) Asimismo, cuando una comisión de obreros se presentó
ante la gerencia reclamando aumentos salariales: “la contestación a este
planteo es que la empresa no puede efectuar un aumento por cuanto es
el Gobierno el que dictaminara en tal sentido y que en la actualidad se
está dando los días sábado como horas extras para compensar un poco el
déficit económico”, informaban a la DIPBA.
A Mestrina le cabe la misma situación planteada en Astarsa respecto de
los intentos de reforma del convenio colectivo por parte de la cámara empresarial
y la eliminación del “decreto Otero”. Apenas consumado el golpe
de Estado, el gerente Menin comenzó a alegar “la injusticia de los dictámenes
previos” y, cuando se obtuvo la resolución ministerial de agosto
de 1978, logró que se declararan “normales” el noventa y cinco por ciento
de las tareas, sin afectar las de doble fondo y arenado.
Como vimos respecto del descontento manifestado en escritos y pintadas
en 1979, también a fines de 1977 y comienzos de 1978, los trabajadores de
Mestrina debieron recurrir a amenazas telefónicas contra gerentes ante
la falta de cumplimientos de aumentos salariales prometidos. (223) Todo
mecanismo de negociación podía resultar sumamente riesgoso para la
propia vida.
•
Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica
(222) “Situación de la industria naval de la zona norte”, en archivo DIPBA, delegación Tigre,
departamento B, bibliorato 2/1, legajo 32, caso 150, causa 4012.
(223) Las amenazas fueron recibidas por el gerente general de entonces Alfredo Campercholi
y su asesor ingeniero Maresca. En archivo DIPBA, mesa B, localidad Tigre, legajo 16.
414