Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

astilleros astarsa y mestrina
Si bien el médico logró refugiarse, el caso enseña que la entrega de domicilios
—como en el caso de Astarsa— produjo sus víctimas. Al menos esto
sucedió con la compañera de Hugo Rezeck, desaparecida poco antes del
golpe de marzo de 1976.
Suman responsabilidad a los empresarios el hecho de que —no obstante
no producirse víctimas en concreto— los directivos se presentaran en todo
momento como fuente de información de los agentes de la represión.
Pensemos en el informe de inteligencia que señalaba que el 29 de abril
de 1976, a las 9.50 horas, se presentaron ante Menin cinco operarios para
manifestar “al Sr. Director su disconformidad y la de todos los compañeros
de trabajo” a raíz del reingreso a la planta de personas cuya presencia
había sido declarada “no grata” meses atrás. (210) La reunión se comentaba
con sumo detalle, indicando todo el temario tratado (salarios, horas extras,
entre otros) y el resultado final, incluida la argumentación empresarial.
¿Quién podía informar sobre dicha reunión sino la misma gerencia de
Mestrina? Otro ejemplo interesante surge también de un informe de la
DIPBA de mediados de 1976. Se comentaba el alejamiento de un obrero
de Mestrina asegurando que, luego del golpe de Estado, había tratado de
“convertirse en el caudillo del astillero, que encabezaba las colectas para
recaudar fondos para los detenidos”. Se establecía que era oficial maestro
soldador, familiar de Zoilo Ayala (desaparecido entonces), que había
solicitado licencia sin goce de sueldo y que la empresa lo despidió el 14
de junio, tras vencer el plazo de su licencia y no presentarse en el astillero.
Entre otros datos, se indicaba su domicilio. Demasiados datos que solo
podrían provenir desde el interior de la gerencia de Mestrina. Una de las
soluciones presentada a Ayala por la empresa fue su traslado a una planta
aún mayor que Mestrina tenía en La Boca. Ayala aceptó y el primer día que
se dirigió a esta sede, observó la presencia de un operativo de control en
la puerta del astillero. No entró y se exilió internamente. (211)
Lo hasta aquí mencionado dibuja una marcada persecución gremial, llevada
hasta los peores límites, y aun cuando alguno de los activistas no fuera señalado
directamente, tal como le sucedió a Albornoz, a quien Menin —según
(210) “Parte de Información”, 30/04/1976, archivo DIPBA, delegación Tigre, departamento B,
bibliorato 1/3, legajo 109, caso 150, causa 4012.
(211) Declaración testimonial de Ramón Ayala, sentencia causa 2128, cit.
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado
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