Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

astilleros astarsa y mestrina
Apenas producido el golpe de Estado, la empresa comenzó a incumplir algunas
cláusulas del convenio. El hecho fue denunciado por la intervención
del sindicato: el entonces capitán de fragata Domingo Pérez se dirigió a
las oficinas del Ministerio de Trabajo transmitiendo las numerosas quejas
presentadas por trabajadores de los astilleros por distintos aspectos de la
embestida empresarial. El incumplimiento más grave y que más generó
rechazos era el cambio respecto de las políticas de salud en la empresa:
“… no aceptan el certificado médico presentado por el trabajador y
por ende proceden a descontarle los días de ausencia por enfermedad”,
señalaba el interventor, quien criticaba que en función del “silencio” legal
producido, “el trabajador está obligado a someterse al control que se
efectúe por el facultativo de la empresa”. La iniciativa de la compañía se
amparaba en la reforma de los arts. 226 y 227 de la Ley 20.744 de Contrato
de Trabajo que referían al aviso al empleador por enfermedad o accidente
y a la elección del médico y el control oficial en caso de discrepancia.
Esta y similares situaciones podían ser blanqueadas con un nuevo convenio
colectivo. El extenso informe de inteligencia sobre la situación del
sector naval realizado a poco de andar el golpe, señalaba respecto de las
cámaras empresariales:
… este ente que hasta no hace mucho parecía haberse diluido
reapareció demostrando un renovado espíritu de cuerpo en
torno de intenciones de conjunto. Dicha Asociación se dirigió
al Ministerio de Trabajo solicitando convocatoria a Paritaria Permanente
a efectos de legislar puntos no del todo claros en la
Convención Colectiva de Trabajo nº 102/75.
Entre los puntos “no del todo claros” se encontraba la media hora de descanso
para almuerzo o cena que tenían quienes hacían tareas insalubres, tema
sobre el cual —como vimos— no se habían alcanzado decisiones definitivas
en las negociaciones de fines de 1975. En mayo de 1976, Ramilo llamaba
a la reunión paritaria a fin de reinterpretar los exactos alcances del artículo
séptimo firmado entonces. El otro tema en cuestión los constituían los dictámenes
de insalubridad. Según un exobrero, “no se entiende la represión
en Astarsa si no se entiende qué fue el control obrero de las condiciones de
trabajo: nosotros decíamos qué era salubre y qué insalubre en cada lugar,
lo mismo sucedió en Mestrina y así durante tres años que siguieron...”. (186)
(186) Dandan Alejandra, “El juicio por...”, op. cit.
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado
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