Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

astilleros astarsa y mestrina
por abandono de puesto” el 2 de junio de 1976. (178) Similar situación vivieron
al menos Ludueña y Caamaño Uzal, ambos despedidos a los pocos días de
estar detenidos, por “causa justa”. (179) En el caso de Villalba, según recuerda
su hija mayor, no se le permitió el ingreso a la planta al tercer día de producido
el golpe de Estado y más tarde se le envió el telegrama de despido. (180)
La decisión fue ratificada aun cuando las esposas de los trabajadores impugnaron
los telegramas. El mismo 21 de mayo, por la tarde, Beatriz Enríquez remitió
a la empresa el siguiente comunicado: “Justifico ausencia esposo Livio
Garay F. 61, detenido según ellos policía fed. 21/05/1976, entre 1.30 y 2 madrugada”.
En una semana, la empresa rechazó la justificación, enviando dos
telegramas donde se advirtió que se consideraría el “abandono de puesto”.
Gloria Enríquez respondió de inmediato el segundo telegrama: “Reitero telegrama
361 interpuse hábeas corpus juzgado federal San Martín”. El 2 de
junio, cuatro días más tarde y cuando ella misma ya estaba detenida, Astarsa
respondió: “vencido plazo intimación. Colacionados números 246 y 274 queda
despedido con justa causa por abandono puesto”. (181) Cuando, bien entrado
1976, la delegación de la DIPBA elaboró un informe de situación sobe
los astilleros, se comentó respecto de Astarsa que: “Con la desaparición de
los principales activistas que luego de varios días de inasistencia fueron despedidos
por la empresa, se vive un clima de contenida calma”. (182)
Este último documento ponía de relieve una quinta línea convergente:
la reincorporación de los trabajadores “adictos” expulsados de la fábrica
en los últimos tiempos por presión del colectivo de obreros que los consideraban
“personas no gratas”. Muchos de ellos exdirectivos del SOIN,
fueron convocados para realizar tareas dentro de la planta. Así, volvieron
Rampoldi, de quien más tarde se diría que “cuenta con el apoyo total de
(178) Respuesta de Astarsa al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2, Sec. 4ª
San Isidro, caso 67, causa 4012.
(179) En el caso de Caamaño, ver declaración testimonial de Elisa Mirta Corradini (esposa),
03/04/1986, San Isidro, caso 140, causa 4012.
(180) Entrevista a Graciela Villalba.
(181) En caso 67, causa 4012.
(182) En el caso de otros astilleros también fue atacada la función gremial interna que componían
los obreros combativos, algunos de los cuales después del golpe buscaron preservar sus vidas,
como lo ocurrido con Martín Toledo de Cadenazzi, que fue desaparecido como así también
Andrés Ayala. Un informe de DIPBA señalaba, a poco de producirse el golpe, que Toledo “trató
de diluir su accionar, negándose incluso ante la convocatoria empresaria para desarrollar charlas
en representación de los trabajadores, aludiendo que dejó de ser delegado y que en lo sucesivo
deberían recurrir al obrero más antiguo del establecimiento”. En septiembre fue desaparecido.
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado
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