Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

astilleros astarsa y mestrina
a “un grupo comando” para desarticular a los “delincuentes y activistas”.
Recordemos que los jefes de personal y relaciones industriales fueron
quienes, en mayo de 1976, exigieron a los trabajadores completar una
planilla con los domicilios a pedido del Ejército. Así, un máximo directivo
de Astarsa, nostálgico del tiempo perdido, se ofrecía durante los difíciles
primeros años de la recuperación de la democracia, como organizador y
proveedor de recursos materiales, logísticos e información, para ejecutar
prácticas propias del terrorismo de Estado.
Hay que subrayar el evidente conocimiento que tenían los directivos respecto
de los secuestros sufridos por los trabajadores, de aquellos que estaban
desaparecidos, de los que ya estaban legalizados y de aquellos que
aparecieron asesinados, incluso de los casos previos al golpe de Estado
y otros que tuvieron gran repercusión pública. Al menos los familiares de
Iriarte, Ludueña, Roquetta, Garay y Caamaño se presentaron en Astarsa
para ser informados sobre la situación y rechazar los telegramas de despidos
que recibirían. En el caso de Iriarte, el entonces jefe de administración
de personal, Rogelio Mauricio Claude, explicó que “oficialmente no tomó
conocimiento” de su secuestro. (164) En complemento, el directivo Collongues
admitió conocer entonces la situación del detenido Vicente, pues se
lo comentó el padre de este, antiguo trabajador de la empresa. También
se refirió al coordinador de relaciones laborales, subordinado suyo, admitiendo
que “ninguna duda le cabe en cuanto a que el mencionado Disarli
pudo haber atendido a familiares de personas presuntamente desaparecidas
que habrían trabajado en Astarsa”. Esta situación debe ser atendida,
pues no obstante dicho conocimiento, los directivos y jefes siguieron actuando
de igual manera, entregando listas y nombres de obreros activistas,
comprometiendo seriamente sus posibilidades de vida.
Los crímenes que tuvieron lugar, más allá de pruebas directas, evidencias
menores o indicios, constituyeron puntos extremos de toda una estructura
represiva montada por la empresa y las fuerzas estatales que pretendía
eliminar los obstáculos que presentaba la organización gremial de
los trabajadores. Los directivos lo pusieron de relieve al referirse en distintas
ocasiones a la baja productividad, al ausentismo, a la indisciplina,
al desorden productivo, a la alteración de las jerarquías. En este sentido,
(164) Declaración testimonial de Rogelio Mauricio Claude, 02/12/1986, en caso 141, cit.
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado
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