Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

dálmine-siderca
estaban con mandato vencido. La Comisión Interna que era, se
elegía por el Congreso de Delegados, primero los delegados y
después se hacía un congreso y se elegía, en el sindicato. Pero
en el Golpe, esa Comisión Interna no me acuerdo cómo se eligió.
Después del Golpe, Medina, Isidoro y Jorge, creo, y Talatetsky.
Mucho no tenían función, porque no podías protestar, más
que nada hacían cosas administrativas, al que no le pagaron un
par de horas, reclamaban por eso, nada muy groso, o si había un
problema en un sector, podían ir a hablar con el jefe, más allá
de eso no. (214)
Esta reorganización gremial también se produjo en el gremio local, luego
de la renuncia en 1977 del histórico secretario Luque. Asumió un hombre
de su riñón, Domingo Riedel, quien hacia 1979 era secundado por
Ramón Villanueva como secretario adjunto; José María Fernández, como
secretario administrativo; Omar González, como tesorero; Ramón Roldán,
como pro-tesorero; Ramón Paredes, como secretario de Asistencia Social
y Pedro Barbosa, como secretario de Actas y Correspondencia. Contrastando
con estas designaciones, Bianchi insistió en defender su rol gremial,
aunque fuera para retener fueros y ganar argumentos en la demanda laboral
que inició entonces, pero fue secuestrado y luego despedido por
supuestos “incumplimientos”. (215) Tras ser liberado, en noviembre, buscó
(214) Entrevista a Carlos Theis, cit.
(215) Bianchi exigía indemnización por antigüedad y accesorios, por despido injustificado,
resarcimientos y aguinaldo sobre estabilidad, todo ello con el agravante, indicaba, de que
mantenía funciones gremiales. El juicio se desarrolló entre 1981 y 1982. La jueza en primera
instancia falló a su favor, pero luego el fallo fue revisado y en la Corte Suprema el triunfo
correspondió a la empresa. Durante el juicio, testimoniaron directivos del sindicato como
Riedel, Jorge Medina, Molina y Marino, quienes advirtieron que Bianchi había avisado a la
empresa los motivos de la ausencia, lo que permitió a la jueza sentenciar que los antecedentes
invocados por la empresa “no fueron graves ni revistieron entidad como para justificar el
despido”. Cuando Bianchi debió demostrar que ejercía las funciones de delegado, enseñó
que en abril de 1978 la seccional de la UOM solicitó al sindicato nacional las prórrogas de
los mandatos de delegados, entre los que se encontraba Bianchi, y el interventor se dirigió
al delegado en Zárate del Ministerio de Trabajo, logrando que por resolución 364/79 fuera
aprobada la solicitud. El decreto 9 del 24 de marzo y la ley 21.356 no habían anulado los “derechos
reconocidos”, según la interpretación de la querella. El abogado de Bianchi citaba
distinta jurisprudencia producida en esos años de dictadura en este sentido: la ley 21.356
legalizaba la continuidad de los derechos arrastrados, con excepción de los intervenidos o
renunciantes. Ver “Contesta expresión de agravios”, 04/08/1982, en JNac. Trab. N° 15, “Bianchi
Juan Matías c/Dálmine-Siderca SAIC, s/ despido”. Bianchi cambió de abogado defensor
de primera a segunda instancia; y “Actora recurre en queja por denegación de recurso extraordinario.
Excma. Corte Suprema”, Expediente 55.592 en Sala IV de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo, Documentación incorporada en caso 90, causa 4012, cit. En el
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado
341