Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

dálmine-siderca
Torrente. En este punto hay que recordar lo analizado sobre la inteligencia
organizada por Nicolini. Otros tantos que no aparecen en los listados
de Nicolini, que son víctimas y eran activistas, figuraban en los listados
de inteligencia de la Sipba o DIPBA, cuya información también nos habla
de un colectivo de víctimas cuya identidad central refiere a ser trabajadores
de Dálmine-Siderca. Respecto de Elorriaga, un informe de la DIPBA
explicaba que había sido despedido de la empresa “por su accionar disociador”,
un término propio del lenguaje militar antisubversivo que se
atribuía a la compañía.
Respecto de los secuestros de Gómez, Elorriaga y Torrente, subrayamos su
rol en la huelga de octubre de 1979 ya mencionada, y nos adelantamos para
referirnos a la intervención que el Ejército tuvo en dicho episodio como una
política que claramente buscaba disciplinar a los trabajadores. Lo que todavía
hoy llama la atención a los protagonistas obreros de aquel conflicto es
la facilidad y rapidez con la que un nutrido y muy bien armado contingente
del Ejército ingresó a la planta, en el momento más caliente de la asamblea.
De aquel momento recuerda Pitter, quien no había asistido a la asamblea
por estar en otro puesto, frenar a dos trabajadores que volvían corriendo,
visiblemente asustados, porque habían llegado los camiones del Ejército.
Durante los días de paro, las reuniones de delegados y activistas se realizaban
en los vestuarios y no pocas veces se complicaban los interrogatorios
militares. La presencia del Ejército fue tal que la memoria construida sobre
el episodio sitúa al ya citado mayor Zapata y otros oficiales dirigiendo la
asamblea a punta de bayonetas. Los obreros Ángel Recupero y Luis Alberto
Tavares aseguraron que el conflicto fue durísimo y que durante las asambleas
“algunos activistas trataban de hacer equilibrio entre lo que debían
reclamar y el cuidado de la propia vida”. (180) Al parecer, Elorriaga, Torrente y
Orlando Gómez fueron algunos los que pagaron demasiado caro haber tomado
la iniciativa. Años más tarde, un diario recordaría que “en el año 1979,
la planta fue ocupada virtualmente por el ejército y el representante de los
trabajadores Manuel Torrente fue secuestrado y luego pasó a engrosar la
lista de los desaparecidos”. (181) El mismo diario se explayaba días más tarde:
… por aquel entonces, los obreros efectuaron asambleas para
exigir aumento salarial mientras las tropas del Ejército seguían
las alternativas de la convocatoria a pocos metros del lugar, en el
(180) Majul, Luis, op. cit., p. 232.
(181) La Voz, 10 de abril de 1984.
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado
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