Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

dálmine-siderca
te empresa cementera entre 1981 y 1983. En los meses previos al golpe,
Villa Dálmine ascendió a la Primera B, y en esta divisional ya profesional,
donde se debía pagar a todos los jugadores, alcanzó los puestos de finales,
frustrándose finalmente su ascenso. (151)
Al funcionamiento del club de la empresa como CCD, debemos agregar
el uso del puerto de la compañía para embarcar detenidos-desaparecidos.
Esto surge, por ejemplo, de los testimonios de la pareja Marciano-Orifici.
Luego de ser pasados por la comisaría de Escobar y por el Tiro Federal de
Campana, fueron llevados a un puerto que identificaron como el propio de
la empresa; de allí fueron embarcados a un centro clandestino flotante. (152)
En términos de aportes materiales (no logísticos), habría que agregar el
financiamiento hecho a la comisaría de Campana cuando dicha institución
local funcionó como centro ilegal de detención y torturas. Allí estuvieron
desaparecidas numerosas víctimas, incluso trabajadores de la empresa,
entre ellos Bianchi. Aun así, la compañía siguió financiando a la comisaría.
(153) Los aportes se realizaban a través de la Sección Concordia, en cuyos
libros de donaciones para el período de abril de 1983 a marzo de 1984, por
un total de $792.000, se registra casi un 10%, esto es, 76.753 pesos, destinados
a la Comisaría de Campana. (154) El desagregado de dichos aportes
mencionaban trabajos de construcción, “trabajos varios”, pero también
mantenimiento de plomería, casi 1.000 lts. de nafta, amortiguadores, cubiertas,
cámaras, repuestos varios de coche. (155) Para la compañía, estas
donaciones tenían una explicación “benefactora”. Explicaban desde una
de las oficinas gerenciales:
(151) Respecto de los aportes financieros a través de la Sección Concordia, el dato surge de
los mismos documentos aportados por la compañía a pedido de la justicia, sobre el cual nos
referiremos de inmediato.
(152) Legajo Conadep 4965, Eva Raquel Orifici de Marciano, y legajo Conadep 4949, Raúl
Alberto Marciano
(153) Varios familiares de desaparecidos, entre ellos Gabino Bedia, denunciaron ante
Conadep e instancias judiciales diversas que en el subsuelo de la Comisaría de Campana
funcionó un centro de tortura y, aún más, que Dálmine-Siderca había financiado las refacciones
de los calabozos. El juzgado a cargo de la causa, en 1985, requirió la documentación
pertinente a la Comisaría y a la empresa, de los que surgen los documentos aquí mencionados.
Cabe destacar que si bien el juzgado solicitó documentación referida a todo el período
dictatorial, la compañía “encontró” solamente la del primer año del regreso democrático.
(154) Entre los beneficiarios se encontraban, además, el EMET n° 1, Misioneras Claretianas,
Consejo Escolar, el Obispado de Zárate-Campana, los Bomberos de Campana, la UTN, el
Club Villa Dálmine, entre algunas más, en caso 361, causa 4012, cit.
(155) Ibid.
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado
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