Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

Zona norte de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y sur de Santa Fe
su “peligrosidad” por ser un hombre de izquierda, vinculado tanto al gremialismo
de la zona como a las actividades del ERP, Montoneros u otras
agrupaciones políticas o político-militares para los años 70. Un informe
sintetizaba esta noción: “Se lo considera comunista, causando sorpresa
entre sus amistades verlo enrolado en la Juventud Peronista. Es de origen
humilde. Ejerce la profesión en Campana, con especial dedicación al fuero
laboral”. (127)
5. Responsabilidad empresarial
Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica
A fines de 1984, el subsecretario de derechos humanos Eduardo Rabossi
se dirigía al juez Luis Hilario Milesi, titular del juzgado de Primera Instancia
de San Nicolás, instando a investigar la responsabilidad empresarial
en los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en Campana
y Zárate. Escribía: “El caso de los obreros de la empresa Dálmine-Siderca
es por demás significativo, pues permitiría demostrar la connivencia
existente entre los directivos de aquella fábrica y las fuerzas represoras
actuantes en la zona de Campana”. (128) Las investigaciones judiciales que
se iniciaron entonces produjeron relevantes testimonios y pruebas documentales
en los primeros años de la transición democrática. Sin embargo,
los procesos se paralizaron y el rol empresarial en los crímenes
quedó velado. Partiendo del análisis de dichas pruebas y sumando otras
fuentes documentales y orales, analizaremos aquí una serie de modalidades
bajo las cuales directivos y jefes de distinta jerarquía de la empresa
organizaron una estrategia industrial disciplinante basada en el terror,
que incluyó en numerosas ocasiones prácticas y hechos criminales vinculados
al terrorismo de Estado.
En primer lugar, hay que hacer mención de aquellos hechos que constituyeron
las evidencias más fuertes en términos del involucramiento empresarial
en los crímenes contra la humanidad: los secuestros en planta.
Ya nos hemos referido a ellos en la narración de los hechos represivos.
Se trata de los casos de Enrique Ingenieros y de Raúl Bustos, sucedidos a
mediados de 1977. En ambos casos, la participación de la empresa al menos
facilitó la detención y desaparición de los trabajadores con un procedimiento
similar: en horario de trabajo se convocó a dichas personas fuera
(127) “Antecedentes de personas sindicadas…”, en Archivo DIPBA, cit.
(128) Denuncia firmada por Eduardo Rabossi, 1984, op. cit.
310