Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

dálmine-siderca
Agnolli volanteando panfletos del TOR-22 de Agosto y entregando revistas
Estrella Roja al interior de la fábrica; Pedro Amaranto, por su parte, fue
reconocido por un supervisor como uno de los encapuchados que participó
de un operativo del ERP el 18 de junio de 1973 y, meses más tarde, en
septiembre, “fue observado mientras distribuía volantes del TOR-22 de
Agosto (…) durante el ingreso a su labor, haciéndolo en todas las secciones
que recorría hasta llegar a la suya”; Pascual Ricardo Pérez, empleado
de Dálmine, también fue visto a fines de 1973 repartiendo volantes del
TOR-22 dentro de la empresa, siendo sindicado como un “activo agitador
gremial”. Un informe a la ex DIPBA llegado en tiempos del golpe indicaba
que la empresa era una de las más jaqueadas por el “accionar de elementos
subversivos”, mencionándose al TOR-22, a la AMI y al ERP, pero agregaba
que: “Las bases en gran mayoría aceptaban el accionar subversivo,
algunos por temores y otros por propia voluntad”. (30)
A la inquietante presencia del activismo radicalizado se sumaba la fragmentación
irreconciliable entre sectores del peronismo. “Antiverticalistas”
leales al gobernador metalúrgico Victorio Calabró y “verticalistas” de Lorenzo
Miguel que también tenía sus adherentes, disidentes como Luque
y otros como Juan Carlos Toledo; peronistas “verticalistas” en la Naranja,
junto a peronistas combativos. Un gran eje de tensión a estos lineamientos
del peronismo lo incorporaba la presencia del activismo radicalizado,
en diferentes variantes, que encontraban cobijo o alianzas impensadas en
distintos espacios de este haz dominante. Así, los obreros radicalizados
formaron alianza en 1974 con el peronismo de Dip en la Lista Naranja, pero
luego este último los criticó por aliarse al oficialismo de Luque, hecho que
también fue criticado al interior de la Lista Rosa. No obstante ello, desde
el sector radicalizado, el mismo Lópes criticaría a su supuesto aliado Luque,
a Dip y a otros delegados por no poner esfuerzos en defender a los
detenidos por la represión. Las detenciones de marzo de 1975 —sobre las
que ya comentaremos— producirían otro quiebre en la comisión administrativa
del sindicato cuando un sector defendió a un grupo de abogados
y asistentes sociales que desarrollaban una extensa tarea educativa y de
formación político-sindical al interior del gremio, por lo cual en la DIPBA
se informaba que existía “una fuerte infiltración marxista, tanto a nivel de
(30) “Principales establecimientos fabriles industriales de la provincia de Buenos Aires que
han sufrido estados conflictivos y posible infiltración subversiva”, DIPBA, mesa B, carpeta
varios, legajo 133.
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado
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