Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

Zona norte de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y sur de Santa Fe
amplios sectores sociales. Poco antes del golpe de Estado de marzo de
1976, la seccional sindical y la misma representación gremial en la fábrica
se encontraban conducidas por sectores del peronismo ortodoxo y seriamente
disputadas por un conglomerado opositor que contenía desde
sectores de peronistas leales y combativos hasta sectores clasistas.
Con la instalación del terrorismo de Estado, al menos 80 de estos trabajadores
y trabajadoras resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad.
39 están desaparecidas, siete fueron asesinadas, 34 son sobrevivientes. 22
víctimas sufrieron distintas formas de represión antes del golpe de Estado,
algunas de ellas en paralelo a la represión en Villa Constitución (marzo de
1975) y la mayoría entre octubre y diciembre de 1975 (la mitad desaparecidos
y la otra sobrevivientes y un asesinado). Con posterioridad, más allá
de detenciones puntuales y aisladas, se detectan ciclos represivos: abril y
mayo de 1976, septiembre y noviembre de 1976 y febrero y mayo de 1977.
Unas últimas víctimas se producen tras una importante huelga en octubre
de 1979. Todavía en 1980 son desaparecidos obreros activistas. El listado
no es conclusivo: cada año se reciben testimonios que aportan nuevos datos.
De este grupo de víctimas, muchos, pero no todos, tenían militancia
gremial y política y vínculos con organizaciones político-militares, mientras
que otros solo tenían actividad sindical. Más de diez ejercían cargos
formales como delegados y eran miembros de la comisión interna en la
fábrica de tubos y de la acería. Dentro del listado de víctimas, encontramos
una mayoría y heterogénea cantidad de víctimas que conformaban
parte de corrientes combativas, pero también víctimas pertenecientes a la
ortodoxia peronista.
Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica
La participación empresarial en la represión se puso de manifiesto a partir
de secuestros en la planta, de una omnipresencia del Ejército y de una
policía interna con estrecha vinculación al terrorismo de Estado, así como
mediante la participación en una comunidad de inteligencia que hizo seguimiento
de quienes resultaron víctimas. Al mismo tiempo, la empresa
proveyó financiamiento para comisarías donde funcionaron centros clandestinos,
se registró la actuación de directivos instigando o presenciando
secuestros de trabajadores y también se denunció un aprovechamiento de
la trama represiva para erradicar la indisciplina y el desorden en la fábrica.
Varios centros clandestinos se conformaron en la zona de Campana y Zárate,
teniendo relevancia uno de carácter transitorio en el club deportivo
Dálmine (hoy Ciudad de Campana), que la empresa tutelaba y financiaba.
Por su paso por este centro ilegal puede ampliarse el universo de víctimas
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