Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

Zona noroeste argentino
de concentración económica que tenía como contrapartida el despido de
numerosos trabajadores. En el período 1975-1982, el producto bruto —la
riqueza general— de la provincia de Jujuy creció a tasas generalmente
más altas que las del país en su conjunto, sin que la riqueza fuera distribuida
en forma creciente. En 1980, el 38% de los hogares de Jujuy tenía
necesidades básicas insatisfechas y las situaciones de mayor pobreza se
concentraban en la zona del Ramal. (115)
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Era tan importante el peso de la empresa en el nuevo ordenamiento “legal”
que a través de sus directivos Darío Hermida Martínez y Teodoro Álvarez
—este ya mencionado— hacían llegar en abril de 1980 al presidente
de la Comisión Asesora Legislativa de la Junta Militar, brigadier Julio César
Porcile (al iniciarse el golpe había sido interventor de la CGT y luego sería
ministro de Trabajo) la opinión de la empresa sobre la nueva ley de obras
sociales que estaba en discusión. Los directivos de Ledesma se habían
reunido con los capitanes de Fragata Abel Farinati y Ramón Allievi y con el
mayor Rubén Zini para ser consultados sobre el asunto, tras lo cual acordaron
enviar una opinión por escrito: “Estimado Porcile —escribía Álvarez—,
le envío adjunto comentarios sobre la proyectada nueva ley de OO.SS. y
que en el almuerzo en esa, tuvimos oportunidad de exponerle a algunos
de sus subordinados”. Desde Ledesma se atacaba la última ley aprobada
en 1970, criticando el uso político de los fondos de las obras sociales
por parte de los sindicatos, motivos por los cuales también se criticaban
los proyectos de ley presentados durante los años de la entonces vigente
dictadura, incluido el texto de referencia de esta opinión que analizamos.
Otra de las críticas puntuales apuntaba al financiamiento, estableciéndose
que se proyectaba mantener los actuales valores de aporte y contribución,
“que se consideran elevadísimos”, proponiendo “la supresión de estas
enormidades”. Asimismo, al opinar sobre el Fondo de Redistribución se
advertía su escasa precisión y la “siempre peligrosa vaguedad de financiar
planes y programas de carácter social”.
Resulta importante advertir el sesgo antisindical de la opinión de Ledesma
al referirse a la mención de “personería social” en el proyecto de ley:
“Sin perjuicio de la falta de sustento jurídico de esta denominación (que
trae remembranzas de la ‘personería gremial’ y sus consecuencias)…”,
(115) Gómez, Elizabeth L. y Karasik, Gabriela A., “La empresa Ledesma y la represión en la década
de 1970...”, op. cit., p. 118.
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