CHILE

CHILE NO PROTEGE A LAS MUJERES: LA CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS
sexo, orientación sexual, identidad de género o estado civil de las personas.
2. Todas las personas tienen derecho a vivir sin ningún tipo de violencia, incluida violencia sexual.
3. Se debe facilitar a las mujeres y hombres una educación sexual integral. Toda educación e información
sobre sexo y las relaciones deben basarse en datos científicos y han de estar a disposición de
todas las personas.
4. Deben garantizarse servicios de salud asequibles, confidenciales y de calidad, en los que estén
incluidos el acceso a métodos anticonceptivos modernos. Se debe facilitar a todas las personas, mujeres
y hombres, información completa en materia de salud sexual y reproductiva, e información y acceso
a una amplia gama de métodos anticonceptivos, incluyendo anticoncepción de emergencia
5. Someterse a un aborto o ayudar a alguien a abortar no debe ser delito. Por ello:
- Deben derogarse todas las leyes que criminalicen a las mujeres que buscan un aborto y a los/las profesionales
que lo practican.
- Debe garantizarse que cualquier mujer que sufra complicaciones derivadas de un aborto, tendrá
acceso a los servicios médicos que precise, con independencia de si el aborto se practicó dentro de la
legalidad o ilegalmente, sin discriminación ni temor a ser denunciada.
- Debe garantizarse el acceso a servicios seguros y asequibles de aborto, por lo menos, a cualquier
mujer que quede embarazada a consecuencia de una violación o incesto, o si el embarazo supone un
riesgo para su vida o su salud física o mental, y en los casos de inviabilidad del feto.
6. Debe garantizarse el derecho de todas las personas a participar en la elaboración de leyes,
políticas y programas que afecten a nuestros cuerpos y nuestras vidas.
7. Si se niega a las personas el derecho a elegir en materia sexual y reproductiva, debe garantizarse
el derecho a denunciarlo, a que se investiguen los hechos y esperar que se haga justicia.
En 2014, Amnistía Internacional lanza su campaña global “Mi Cuerpo, Mis Derechos”, con la cual se
busca garantizar que todas las personas puedan tomar decisiones sobre su sexualidad y su vida reproductiva
sin sufrir discriminación, coacción y violencia. La campaña hace un llamado a los gobiernos para
que reformen sus leyes y prácticas para asegurar el respeto, protección y cumplimiento de los derechos
sexuales y reproductivos de todas las personas, y que pongan fin al uso ilegítimo de la legislación
penal para controlar la sexualidad y la reproducción.
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